El régimen franquista no sólo humilló y pisoteó a sus víctimas. Fue cicatero y mezquino con su propia gente, con muchos de los que le habían ayudado a ganar la guerra (carlistas, por ejemplo), o con aquellos, en su mayoría jovencísimos, casi niños, a los que envió a morir a un desierto de nieve y hielo al lado de los soldados de la Whermacht en la segunda guerra mundial. También la democracia, al intentar que el barco de la transición no zozobrara, corrió un tupido velo sobre los muertos de uno y otro bando.

Toda familia tiene el derecho a saber el paradero de sus miembros muertos en combate, y éstos tienen el derecho a ser enterrados con dignidad. Por este derecho de humanidad, es de justicia que el Gobierno financie la búsqueda, la exhumación, la identificación, el entierro y, en su caso, la repatriación de los españoles de la División Azul muertos en Rusia. Como también es de justicia que se financie la búsqueda de los 800 republicanos que lucharon al otro lado del frente, con el Ejército Rojo. Y mucho más cerca, la de las víctimas de la represión franquista que yacen en fosas y sepulturas anónimas. El Gobierno no puede hacer diferencias.