XAxsistíamos atónitos los alcaldes y secretarios extremeños al IV Foro de Administración local que se celebró el pasado día 9 de abril en Zafra, al evidenciarse en el debate la pugna entre lo que podríamos llamar municipalista, frente a autonomistas.

Desde 1978 se ha producido en nuestro país una intensa descentralización política, que ha tenido como absoluto protagonista a las comunidades autónomas, mientras los gobiernos locales quedaban relegados al olvido. Pero, compuesto el mapa autonómico, parece lógico esperar que las energías sociales y políticas que empujaron la primera descentralización, se encaucen ahora hacia la esfera local, desde la convicción de que ello supondrá eficaz medio para optimizar el gasto público gestionado por la administración más próxima al ciudadano.

En el Informe del Banco Mundial de 1999 se ponía de manifiesto la relación entre el grado de desarrollo económico y la descentralización política . Daniel Bell , observó con acierto que los gobiernos nacionales son demasiado pequeños para responder a los retos de la globalización, pero demasiado grandes para atender a las demandas diversificadas de los ciudadanos en el entorno local. Existen multitud de estudios en esta dirección. Así, la llamada teoría del federalismo fiscal justifica la conveniencia de una doble descentralización, hacia arriba y hacia abajo , para la eficiente consecución de los objetivos perseguidos por las distintas políticas públicas; o el concepto jurídico-político recientemente acuñado de capital social de una comunidad, en referencia a un conjunto de pautas y normas de conducta ciudadana relacionadas con la cultura cívica y la voluntad de involucrarse en proyectos colectivos en una comunidad local, de modo que, a mayor capital social, mayor calidad y efectividad de las políticas, construcción profundamente incardinada en la posturas descentralizadoras. Tras los concluyentes estudios de Robert Putnam demostrando que en el desigual grado de desarrollo del Mezzogiorno italiano respecto de algunas zonas del norte de Italia, ha sido determinante la dotación relativa de capital social, una copiosa literatura ha ido entrelazando participación ciudadana, grado de confianza en las políticas y crecimiento económico , situando el concepto capital social en el centro de una nueva teoría del desarrollo. Joseph Siglik en un ensayo sobre las posibilidades de un socialismo de mercado, percibe como exitosas en los gobiernos locales, políticas inviables o catastróficas en los de mayor ámbito, como sería la gestión de bienes comunales.

Sentada jurídica y políticamente la conveniencia de la descentralización, resulta incomprensible que los autonomistas obstaculicen el proceso. En el Foro de Zafra asistimos tras la exposición de las ponencias, a un intenso debate final en el que quedaron patentes ambas tendencias. Por un lado, M. Isabel Moreno , directora general de Administración local expresó sus propuestas netamente municipalistas, como la orientación de la ley de Régimen Local Extremeña, o la liberalización de la participación municipal en el fondo regional, condicionado parcialmente a la contratación de desempleados, una vieja reivindicación de los ayuntamientos extremeños, a cuyo permanente bloqueo no hallamos otra explicación que el veto de los sectores autonomistas, tendencia a la que, tras su intervención, quedó claramente adscrito el ponente Hernández Rojas . En esta línea, resultó clarificadora la pequeña disputa conceptual que mantuvieron este último y el presidente de la Diputación pacense Juan María Vázquez , en relación con el abultado volumen de transferencias que, en palabras del primero, habían recibido los ayuntamientos de los presupuestos autonómicos del 2004, precisando acertadamente Vázquez la inexactitud de la cifra esgrimida, mediante un certero análisis en el que desglosó nítidamente las transferencias de las inversiones autonómicas , estas últimas canalizadas a través de los ayuntamientos, pero encauzadas a materializar competencias autonómicas, no locales.

Ciertas fuerzas y grupos interesados han ido elaborando durante las dos últimas décadas un regionalismo que tiende a retener recursos y servicios públicos y sociales en el ámbito autonómico. Algunos autores, --Xosé Carlos Arias y Antón Costas --, pretenden, en una curiosa y nada desdeñable interpretación histórico-política, que el autonomismo de algún modo actúa como la nueva estructura ideológica y política de intereses ruralistas y provincialistas, que en el viejo régimen Canovista-primoriverista-franquista actuó desde las diputaciones y desde el Gobierno central. Una especie de renovada tensión entre el poder basado en el territorio y la libertad de las ciudades.

Es un momento crucial para el municipalismo. Una oportunidad histórica de liquidar el actual régimen local basado en espurias competencias cofinanciadas mediante la dádiva autonómica.

El proceso debe enfocarse de modo conciliador, es decir, mediante el convencimiento de todos los sectores implicados de que, como se ha tratado de demostrar en la exposición, el fortalecimiento de los gobiernos locales, sin obstáculos por parte de la administración intermedia, redundará en una mejora sustancial de las políticas prestadoras de servicios a los ciudadanos.

*Licenciado en Derecho. Secretario-interventor del Ayuntamiento de Talaván. Especialista en Derecho Urbanístico Extremeño por la Uex