WDwesde hace unas semanas, la vida política de Navalmoral de la Mata está atravesada por un hecho insólito: todos los concejales de la corporación menos el representante de IU-Siex, Paulino Luna , aprobaron una moción del alcalde, Rafael Mateos , para que el ayuntamiento moralo perdonara los sueldos percibidos como dedicación exclusiva a tres concejales socialistas que estuvieron liberados en la legislatura 1995-1999. Existen dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), de 1999, y otra del Tribunal Supremo, de 2003, que instan al ayuntamiento a exigir dicha devolución por entender que esos emolumentos no cumplían la legalidad. En esa misma situación se encontraba el entonces alcalde, Javier Corominas , quien ya devolvió lo percibido a raíz de la sentencia del Supremo. El último episodio de este asunto es la solicitud del concejal Luna ante el TSJEx para que mande que se cumpla la sentencia que dictó.

El asunto es insólito porque no es corriente --habría que añadir: afortunadamente-- que una corporación decida perdonar una deuda. Y ello por varios motivos del que no sería el principal el permanente estado de necesidad de las arcas de todos los municipios, sino por el mensaje que tal actitud transmite, como si los fondos municipales fueran propiedad de los concejales que constituyen la corporación y, en razón de esa circunstancia, pudieran decidir sobre ellos a su antojo.

También resulta insólito, y arriesgado, porque es muy difícil que los vecinos, a los que el ayuntamiento moralo, como todos los ayuntamientos, exige que cumplan con sus deberes tributarios y si no lo hacen se les penaliza, puedan entender una decisión como la adoptada, que supone que a unos ciudadanos --antiguos concejales, para más señas, es decir con un cierto espíritu de cuerpo -- se les mida con una diferente vara que al resto. En razón de esta decisión no sería extraño que, a partir de ahora, los moralos exigieran a sus concejales que tuvieran para con ellos la misma consideración que han tenido con quienes fueron concejales, es decir, que se les perdonaran sus deudas o, en el peor de los casos, que fueran comprensivos con su absentismo tributario.

Pocas veces la sociedad está ante la oportunidad de contemplar una actuación de todos los miembros de una corporación menos uno --si bien la concejala Angela Miguel ya se ha desmarcado del acuerdo y ha señalado que votó porque no se le había informado bien-- renuente a hacer cumplir una sentencia que beneficia a su municipio, como en esta ocasión. Pero no todo el espectáculo corresponde a los miembros del actual p eno, porque también resulta sorprendente que ninguno de los tres exconcejales aludidos en dos sentencias de dos altos tribunales para que devuelvan al municipio al que prometieron servir las cantidades que no debieron cobrar, hayan obedecido, sin necesidad de que se les obligue a ello, el fallo de los jueces, como ya hizo en su día Corominas.