Portavoz del PSOE

de Extremadura

La Asamblea de Extremadura va a debatir esta semana la propuesta de ley presentada conjuntamente por PSOE e IU para desbloquear la puesta en marcha de la radiotelevisión autonómica mediante una ley de la Asamblea aprobada en el año 2000.

Pueden ocurrir dos cosas: que el PP entre en razones, de una vez por todas, y los extremeños podamos disfrutar, por fin, de una televisión pública autonómica; o que, como San Pedro, niegue por tercera vez la televisión pública extremeña a los extremeños.

Es difícil aventurar cuál va a ser la postura del Partido Popular en este tema dado que desde que en noviembre del año 2000 ha cambiado continuamente de excusas, que no de razones para oponerse. En la primera ocasión, en el año 2000, lo dirigentes del PP se emplearon a fondo para decir que si no se hacía una televisión digital no la apoyarían. Ni una palabra sobre la legalidad de la norma. Pocos meses después se demostró que una televisión digital en estos momentos no es factible en España. Pero cuando se aclaró el tema ya se había cometido el gran fraude de ley del Partido Popular. Digo fraude de ley porque lo que pasó realmente en aquel momento fue que una vez aprobada la ley, ajustada a derecho, el PP se negó a votar la constitución del Consejo de Administración, vulnerando todos los principios democráticos y contraviniendo el espíritu de la ley aprobada en la Asamblea. ¿Cómo se puede llamar a quienes de manera intencionada impiden la aplicación de la ley vigente? Pues eso es exactamente lo que han hecho el señor Floriano y sus asesores.

Tras el fraude de ley cometido por el PP al bloquear una ley aprobada por la Asamblea, la Junta, acogiéndose a una fórmula creada por los populares en otras autonomías, pone en marcha el acuerdo con Canal Sur. Pero eso tampoco le gustó al PP y recurre la adjudicación del concurso realizado por la Junta, paralizando las emisiones. Por segunda vez el PP ataca una fórmula legal que ha empleado en otras partes de España para impedir que los extremeños tengamos una televisión autonómica.

Ahora, un acuerdo entre PSOE e IU propone una solución para desbloquear la situación, modificando, como se hace en otras comunidades autónomas, el número de diputados necesarios para nombrar al Consejo de Administración. Tampoco les gusta y pese a que es una fórmula vigente en otras autonomías gobernadas por el PP, anuncian que pedirán al Gobierno que la recurra, volviendo a pedir que se apruebe el Consejo de Administración con la fórmula que recoge la ley aprobada por la Asamblea en el año 2000 y que ellos bloquearon. Ahora piden lo que ellos rechazaron. ¡Se puede ser más cínico!

El Partido Popular puede optar por la fórmula que desee, dos tercios o tres quintos, pero debe decidir si quiere o no televisión pública. Ya no quedan excusas, aunque sí una oportunidad; pero sin trampas. A los socialistas no nos basta con que esta semana apoyen la toma en consideración de la ley para después, como siempre, bloquear la constitución del Consejo de Administración. Solamente con el compromiso público a votar la constitución del Consejo de Administración le creeremos; todo lo demás será entendido como excusas y dilaciones para seguir negándonos a los extremeños el derecho a tener un medio público autonómico.