Que en Extremadura una de cada cinco nuevas viviendas vaya a parar al mercado inmobiliario de la especulación resulta especialmente significativo. Y sobre todo si en sólo diez años la región se ha convertido en la comunidad donde más ha crecido el censo de hogares vacíos, aunque en la calle exista una demanda real que ha constatado cómo desde 1986 se ha multiplicado por tres el precio de los inmuebles.

A pesar de que la comunidad extremeña ofrece el precio del metro cuadrado edificado más barato de todo el país, la vivienda se ha convertido de lejos en el principal gasto que consume los recursos familiares. Un mercado al que han llegado también muchos ciudadanos de a pie ávidos a hacer negocios rápidos con notables beneficios fuera de todo tipo de riesgos. Una fórmula que sobre todo daña a las rentas medias.

Así y visto el nulo resultado que ha supuesto la liberalización del suelo, parece necesario un mayor control de la Administración. Sin duda, la propuesta de Ibarra de crear un mercado de viviendas baratas, sujetas al control de la Junta, es un gesto de agradecer. Pero este planteamiento no es más que un parche que no cura una enfermedad que pasa por la concentración de riqueza en unas pocas manos.