WLwos sectores empresariales afectados por el proyecto de ley antitabaco plantearon ayer en el Congreso sus argumentos contra más restricciones a fumar. Pragmáticos, dejaron de lado la salud y defendieron el tabaco como negocio. Dicen que si se aplica el proyecto, perderemos muchos millones de euros y decenas de miles de puestos de trabajo (50 millones y 700 empleos, en el caso de la hostelería regional). Lo primero, por un descenso de clientes en los bares y restaurantes donde esté prohibido fumar. Lo segundo, por el cierre de puntos de venta. Los productores y vendedores, la hostelería y el mundo publicitario piden que las nuevas medidas prohibicionistas para los lugares públicos se apliquen de forma paulatina. Por otra parte, también solicitan que haya manga ancha para la promoción del consumo entre los adultos. En otros países, las repercusiones de ese tipo de restricciones no han sido tan graves como se augura aquí, incluida la supuesta amenaza de afloración de un mercado negro. Pero aunque fuese así, esa factura económica sería sensiblemente inferior a la que tiene el coste de la atención médica a los fumadores activos y pasivos. Sobre todo por las 54.000 muertes anuales que tienen como causa el tabaquismo, ante las que no vale cálculo económico alguno.
