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No a la congelación salarial

La opinión pública no sabe que los funcionarios docentes llevamos sufriendo la congelación salarial con una pérdida de más de un 15% de poder adquisitivo en los últimos quince años.

 

JOSE MANUEL ChapadoJOSE MANUEL Chapado 28/03/2009

Querría puntualizar algunas cuestiones obvias que parecen olvidar nuestros gobernantes cuando, alegremente, hablan del pan y la sal de los demás, lanzando mensajes que sólo causan rechazo y zozobra entre los funcionarios. No sólo hemos sufrido una pérdida de poder adquisitivo en los años de vacas gordas, sino que, además, durante algunos años hemos tenido que aguantar subidas escandalosas y arbitrarias en los sueldos de los cargos públicos. Nos causa estupefacción y asombro las reiteradas declaraciones del ministro Celestino Corbacho y de la consejera Pilar Lucio , entre otros, sobre la congelación salarial de los funcionarios y las peregrinas razones que dan para ello. Parece olvidar el ministro sus declaraciones a la Vanguardia (04/05/2008): "-no puedo estar de acuerdo con la receta de la congelación salarial o disminución del poder adquisitivo de los salarios. Incluso se contradiría con el objetivo de desarrollo de la economía: si los asalariados pierden poder adquisitivo, lo primero que se resentirá es el consumo".

Me gustaría recordarles que en un Estado de derecho como en el que vivimos, un gobierno no puede imponer la congelación salarial a los funcionarios sin negociarse antes en la Mesa de la Función Pública.

XESTOY SEGUROx de que los políticos, al hablar de la recomendación necesaria de apretarse el cinturón dirigida a todos los ciudadanos, piensan empezar por ellos mismos y por los puestos de libre designación y, en consecuencia, dar ejemplo --por vergüenza torera-- recortándose sus sueldos, renunciando a segundos y terceros sueldos públicos, dietas, kilometrajes, viajes pagados, gastos de representación, consolidación de nivel --de por vida-- tras dejar el cargo- y un sinfín de cuestiones que aumentan aún más desproporcionadamente los salarios que cobran. Nadie parece acordarse de los años de estudio, preparación y sacrificio que ha tenido que sufrir el funcionario para obtener con su esfuerzo un trabajo en un proceso público y abierto convocado por la Administración y basado en la igualdad, capacidad y mérito de los participantes. Nadie, que sepamos, nos ha regalado nada a los funcionarios: es más, no se han mejorado nuestras condiciones salariales en los tiempos de bonanza, que sí han sido aprovechados por otros sectores productivos (incluida la casta política), por lo que determinadas declaraciones de intenciones que aparecen en los medios son un insulto a la inteligencia: la consejera Pilar Lucio en su afán de dar sentido a su sillón y a su sueldo anda buscando soluciones imaginativas a costa de socavar derechos adquiridos de los funcionarios. ¿No cree la consejera que la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios conllevará un menor gasto de estos y un repunte de la crisis en la economía regional?

Si la administración extremeña realmente necesita recortar gastos, bien podría empezar revisando las funciones y contrataciones que realizan en las más de veinte empresas públicas, el gasto de 180.000 euros diarios en publicidad institucional de la Junta de Extremadura, los encargos de informes de 600.000 euros elaborados con los propios datos en poder de la consejería de turno, el gasto de 85.000 euros en agendas del profesor, los millones de euros para la enseñanza privada-concertada, los envíos improductivos de cartas al personal docente, que podrían ser sustituidos por mensajes a través de Rayuela, la reducción real de itinerancias con el ahorro en el pago del kilometraje- Tal vez este tipo de cuestiones parecen un gasto ínfimo pero constituyen un montante importante al final del ejercicio económico.

Lo más sangrante para los docentes de la enseñanza pública es que su sueldo será congelado mientras los docentes de la enseñanza concertada, con sueldos pagados con fondos públicos, verán incrementada su nómina del 2010 a costa del mismo dinero público que se intenta sustraer y negar a los funcionarios. ¿Sabe la opinión pública que los funcionarios docentes llevamos sufriendo la congelación salarial con una pérdida de más de un 15% de poder adquisitivo en los últimos quince años? ¿Conocen que al no tener convenio colectivo no tenemos cláusula de revisión salarial?

Es preciso rechazar las recetas simplistas y demagógicas de siempre (congelación salarial y subida de impuestos), que penalizan al trabajador en general y al funcionario en particular y exige una política de transparencia, control y publicidad de los recursos públicos que mantenga la capacidad adquisitiva de los salarios y afronte la erradicación del despilfarro innecesario y superficial que sufrimos todos. Por ahí es por donde hay que empezar.