WEwxtremadura vive desde el pasado 21, en que varios incendios, muy posiblemente provocados, empezaron a asolar las comarcas de las Villuercas y los Ibores, en zozobra. El fuego ha dañado más que los recursos naturales y los medios de vida de muchos habitantes de estas comarcas; ha dañado la memoria, la historia sentimental, el ánimo de miles de extremeños que, aun sin tener intereses directos en las comarcas asoladas, sienten una tristeza especial cuando las llamas arrasan los parajes de esta tierra porque los consideran su mayor patrimonio. No es extraño, por tanto, que esos fuegos hayan centrado la actualidad social y política desde el jueves pasado. La lucha contra las llamas se llevó a cabo razonablemente bien: se concentraron medios de todo tipo para limitar los perjuicios; se evitaron discusiones sobre los galgos o los podencos mientras el fuego estuvo vivo y no se han oído voces de que la gestión de la extinción del fuego se haya conducido por otros cauces que los lógicos.

Sin embargo, ha habido dos circunstancias que han desentonado en esa gestión: en primer lugar, el empecinamiento de la Junta mientras los incendios no se declararon oficialmente extinguidos en mantener como oficial una superficie quemada --7.500 hectáreas-- que, por su insuficiencia, es posible que haya provocado el efecto contrario: la exageración por parte de alcaldes y concejales de los pueblos afectados. La superficie quemada de los incendios corre el riesgo de convertirse en un factor tan controvertido como la asistencia a las manifestaciones: un dato que se maneja a la conveniencia de cada uno. La Junta, finalmente, admite que ardieron 12.200 hectáreas: la diferencia entre la primera estimación y ésta es del 60%.

La segunda circunstancia en que la Junta ha desentonado es de otra naturaleza: el presidente Rodríguez Ibarra no puede decir, como ha dicho, que no ha habido una catástrofe en la zona. ¿Desde qué posición hay que hablar, en relación a las personas cuyos bienes --o aunque sólo sea sus expectativas o su sola tranquilidad-- han sido afectados por el fuego, para considerar que lo que les ha ocurrido no es una catástrofe? ¿El daño al 10% de esa zona no es una catástrofe? ¿Puede decir el presidente que de las 12.000 hectáreas 7.450 eran de monte, "que es lo que importa"? ¿La gente a la que se le hayan quemado propiedades que no son de monte no cuenta? ¿Tampoco los apicultores porque pueden recibir 60 euros por colmena como indemnización a la pérdida de su actividad?

Rodríguez Ibarra también ha estado muy desafortunado al despachar displicentemente la razonable petición del PP para que el presidente del Gobierno recibiera a los alcaldes de los pueblos afectados por el fuego. ¿Si ha recibido a los del alto Tajo, por qué no a los extremeños? Porque en esa reunión, Rodríguez Zapatero no ha tratado cómo devolverles la vida a las 11 personas que murieron en Guadalajara, sino cómo ayudar a sus habitantes a afrontar el futuro y a sortear las pérdidas habidas. Un asunto que, seguro, interesa también a Villuercas e Ibores.