No hay peor sordo...

Ha tenido dos años, tal como fija la disposición final primera, para negociar con la Generalitat un modelo de financiación que garantice "el sistema estatal de financiación cuente con recursos suficientes para garantizar la nivelación y la solidaridad con las otras comunidades autónomas, a fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado de bienestar prestados por los distintos gobiernos autónomos puedan alcanzar niveles similares a los del conjunto del Estado, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar", pero que, a la vez, garantice que "la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Catalunya en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación" artículo 206.3 y 5).

AFIRMAR, como ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , que el Gobierno ya ha cumplido con la propuesta de financiación hecha por el ministro de Economía Pedro Solbes es remachar el clavo de la frivolidad política. El pulso entre el Gobierno de la Generalitat y el de Madrid es político, pese a que en La Moncloa no se hayan enterado. Y es un pulso que la Generalitat hace desde la lealtad institucional, lo cual hace más inoportunas las declaraciones de algunos miembros del Gobierno de Madrid, puesto que olvidan que el actual modelo autonómico es arbitrario, insostenible e injustificable: Catalunya aporta entre el 6,4% y el 8,7% de su PIB (según los diferentes cálculos del Ministerio de Economía) para la solidaridad interregional, de modo que, una vez efectuadas las transferencias de recursos, los ciudadanos de Catalunya quedan claramente por debajo, en términos de renta per cápita, de los ciudadanos de otras comunidades que son perceptoras netas de recursos procedentes del fondo de compensación interterritorial, lo cual se traduce en un déficit fiscal crónico que conculca el citado artículo 206.5 del Estatut y el artículo 14 de la Constitución española al darse una clara discriminación -y penalización fiscal- en razón del lugar de nacimiento y de residencia. Por ello resulta ofensivo que el ministro Solbes apele a la Constitución para justificar el incumplimiento del Estatut y pretenda, además, que la solidaridad vaya más allá de garantizar los servicios sociales, la sanidad y la educación, que es lo que recoge el Estatut.

EL DEFICIT FISCAL es algo estructural que el conseller de Economia, Antoni Castells , ya ponía negro sobre blanco a mediados de los 80 y que la publicación de las balanzas fiscales ha reafirmado. Por otro lado, no es casualidad que el reciente congreso del PSC apostara claramente por profundizar en un modelo federal de Estado. Fue una apuesta necesaria ante el creciente desafecto de la sociedad catalana hacia España. Desafecto que tiene sus raíces en el déficit fiscal y la falta de inversiones del Estado en Catalunya, que se traduce en las carencias infraestructurales, el colapso de cercanías y la insuficiencia de recursos en educación, sanidad y prestaciones sociales. La apuesta del PSC es fruto de un análisis riguroso de la situación, y tiene razón Miquel Iceta al advertir que si el Gobierno no es capaz de dar cumplimiento al Estatut tendrá que afrontar la petición del concierto económico. No son de recibo manifestaciones como las de Joan Puig (ERC), Lluís Suñé (ICV-EUiA) y Angel Calle (alcalde de Mérida) que en nada ayudan a encarar con serenidad una situación en la que todo el mundo cree defender intereses legítimos. Pero tampoco lo es dar largas al clamor que, desde Catalunya, exige un mejor, y más justo, sistema de financiación autonómico para hacer frente a las peticiones, basadas en déficits reales, de los ciudadanos. Y la propuesta de Solbes, las palabras de Fernández de la Vega, el modelo de gestión del aeropuerto de El Prat propuesto por el Gobierno y el retraso en la cesión de cercanías -¡que Rodríguez Zapatero prometió para el 1 de enero de este año!- son pura frivolidad.

SE EQUIVOCAN Moncloa y Ferraz si creen estar ante la cantinela identitaria para obtener más peix al cove como hacía CiU. Se equivocan, porque estamos hablando de derechos de los ciudadanos -con mayúsculas-. El pulso es real y responde a una situación de malestar objetivo; el PSC lo sabe muy bien, de ahí que el pulso principal sea entre PSC y PSOE. El primero ha puesto las bases de la solución -catalanismo de raíz federal y nuevo sistema de financiación- y mantendrá el pulso hasta las últimas consecuencias porque su credibilidad se juega en este envite y sabe que no hay marcha atrás. El frente unitario catalán está servido. El segundo desconoce la sensibilidad federal, sigue instalado en el autismo político de una retórica que exalta una visión de España cada vez más alejada de las realidades nacionales no castellanas y es incapaz de entender la lealtad institucional que late tras las propuestas del PSC y el catalanismo político en general.

No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír.

*Catedrático de Historia

Contemporánea y director del Centre d´Estudis Històrics Internacionals de la UB.