Hay dinero público para recuperar y repatriar los cadáveres de los españoles que se alistaron en la División Azul y murieron en Rusia. Pero no hay manera de que el Gobierno asigne una mínima parte de su presupuesto para que se busquen los cadáveres de los soldados y civiles muertos desde 1936 en defensa de la República, y que siguen enterrados en fosas comunes que sólo la memoria de los supervivientes aún puede ayudar a localizar. Hay un acuerdo formal del Congreso para reparar esa anomalía, pero hasta hoy las ONG más comprometidas sólo han conseguido, y sin ayuda estatal, localizar y dar sepultura a 200 de esos desaparecidos .
Las trabas que pone el Gobierno para esa justa reparación histórica son, por lo menos, una gran torpeza. Si nuestros dirigentes apoyan sin reticencia misiones humanitarias de recuperación de cadáveres en los conflictos civiles de Guatemala, Yugoslavia o Irak, es absurdo que recelen de las ONG que quieren recuperar la vieja memoria de quienes salieron peor parados en la guerra civil. Si el PP quiere, tiene autoridad para que los municipios afectados reciban financiación para los medios de búsqueda de restos, y la debe tener para acabar con la resistencia de caciques locales.
