El acuerdo europeo sobre qué política agraria comunitaria (PAC) tendremos hasta el 2013 es un hecho determinante para la ampliación de la UE, que se inicia a partir del 2005. Teniendo en cuenta que hasta ahora la mitad del presupuesto europeo va destinado a sostener la agricultura y ganadería europea, la revisión de los principios que rigen las ayudas agrícolas comunitarias avisa de que estamos ante un importante cambio de modelo, que se antoja perjudicial para los intereses de Extremadura. El consenso alcanzado por los Quince parte de que los beneficiarios finales de la PAC son los consumidores, que tienen derecho a disponer de alimentos que no amenacen ni su salud ni el medio ambiente, sin que ello suponga pagar más impuestos de los necesarios.
En el lado contrario, a los agricultores se les garantizarán unas rentas directas, que ya no dependerán ni de cuánto producen ni del dirigismo de lo que pueden o no plantar. De cómo se concreten esas normas dependerá la valoración final de si el acuerdo beneficia o perjudica al campo, lo que sólo puede concretarse sector a sector. Si se parte de que España no cuenta actualmente con muchos valedores en Europa, la reforma puede considerarse a priori perjudicial.
