XExl 17 de septiembre aprobó el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio.
Las ventajas de esta ley son suficientes para hacer necesario este cambio y presume una madurez del individuo no sólo como ciudadano, sino también como persona. La reforma que se acomete pretende trasladar al ámbito del matrimonio tres principios inherentes al ser humano, la libertad, la igualdad y la dignidad e integridad de la persona.
Libertad, porque esta ley reconoce el derecho de la persona cuando ya no desea seguir vinculado a su cónyuge, no haciéndolo depender de la existencia de un culpable y de la existencia de una causa que lo justifique. Por tanto con la nueva ley no habrá que buscar motivos ni culpables.
Igualdad porque esta ley reconoce un derecho formal que las asociaciones de padres separados reivindicaban y es el derecho a la custodia compartida, porque si pretendemos una igualdad legal para las mujeres, tendremos que estar dispuestos a afrontar una igualdad jurídica para todos, reivindicando la no discriminación para cualquier colectivo y pretendiendo que la discriminación que sufren las mujeres por razón social vaya desapareciendo en base a cultura y educación. Y en todo caso, apelar a la sensibilidad del juez, que en última instancia decide, si en esa relación matrimonial concreta la mujer ha sido quien ha conformado la educación y la vida de sus hijos, para que ella sea quien obtenga la custodia.
La dignidad e integridad de la persona porque la ley va a tratar de solucionar muchos problemas de violencia en razón de género, bajo los que subyacen una problemática de relaciones matrimoniales muy deterioradas, mantenidas por un tiempo procesal en algunos casos infinito, incrementando las tensiones que ya de por sí, implican una separación o divorcio. Y así lo confirma el alto índice de denuncias por malos tratos dentro del matrimonio. Si conseguimos deshacer con rapidez y eficacia conflictos que nos abocan a buscar soluciones en la violencia habremos dado un gran paso.
La nueva ley es clara en los siguientes aspectos:
Basta con la voluntad de uno o ambos cónyuges para poder separarse, no hay que alegar causa y por tanto búsqueda de un culpable, con la realización de la consiguiente prueba, para separarse.
Sólo tienen que pasar tres meses desde el matrimonio para iniciar la separación o divorcio. Actualmente, presupone pasar un año de matrimonio para poder pedir la separación.
La ruptura de mutuo acuerdo podrá resolverse en dos meses. Para la actual legislación la ruptura amistosa requería unos tres años de media hasta alcanzar la separación.
El divorcio sin acuerdo podrá resolverse en seis meses. En la actual ley el divorcio sin acuerdo suele extenderse hasta cinco o seis años.
Se ahorran honorarios de abogado y procurador por la separación previa. En más de 1.000 euros en caso de que acuerdo y de 1.800 euros si no lo hay.
Los padres pueden acordar la custodia compartida. Si no se ponen de acuerdo decide el juez.
Con esta ley no queremos hacer apología de la separación o divorcio, sino que apostamos para que un derecho se ejerza con las mayores garantías para los cónyuges y para los hijos y con los menores costes tanto económicos, como de conflictos personales, posibilitando, como administración pública que somos, que ese momento difícil en nuestra vida, pueda resultar transitable.
El proyecto de ley no está cerrado; ahora inicia su andadura parlamentaria, estando abiertos al debate y a las sugerencias que desde los distintos grupos sociales y políticos, incluido el socialista, nos hagan llegar.
*Delegada del Gobierno en
Extremadura
