El Pleno de la Asamblea de ayer aprobó el proyecto de ley de Creación de Entidades Públicas de Extremadura, una norma que amparará el nacimiento del Servicio Extremeño de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia; el Instituto de Consumo de Extremadura; la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa; el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios; y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional del Desarrollo. La norma salió adelante solo con los votos socialistas. El PP basa su oposición a la misma en la desconfianza de que estos nuevos organismos servirán, sobre todo, para "aumentar la élite de altos cargos", tal como dijo la diputada popular Pilar Vargas.

Es seguro que cuando todos los organismos que se crearán al amparo de la norma aprobada ayer estén en funcionamiento la nómina de altos cargos de la Administración regional será mayor que ahora. Por tanto, en el sentido formal no aritmético, el PP tiene razón. Pero un organismo, cualquiera que sea, no es intrínsecamente malo por el hecho de que tiene que haber alguien que lo dirija. Habrá que ver si es necesario o no, si su creación va a permitir o no mayor eficacia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Y, en este sentido, es una lástima que la posición contraria del PP no se haya centrado en ver si los nuevos servicios y agencias van a mejorar la gestión pública. En principio, que haya organismos dedicados exclusivamente a la Dependencia, al Consumo o a evaluar la educación parece que pueden ser herramientas eficaces. Y si no lo son, el PP deberá criticarlo y aportar alternativas. Esa es su función.