La Comisión Europea ha revisado al alza las previsiones del déficit público para España en el año 2017, que ha elevado al 3,5% del PIB. Cuatro décimas más de lo que preveía el mes pasado. Esa cifra supone que el Gobierno deberá encontrar 4.400 millones de euros extras si quiere cumplir con sus compromisos de consolidación fiscal. Este desfase no se debe en esta ocasión al tan manido despilfarro autonómico sino a unos menores ingresos impositivos en los últimos meses del año pasado que empeoran el punto de partida del nuevo ejercicio. Y también a una cierta desaceleración de la economía española, que este año crecerá un 3,2%, un ritmo inferior al actual. De momento, la Comisión no exige medidas adicionales, o sea, recortes. Pero las perspectivas no son nada halagüeñas. Estamos ante un nuevo indicador, otro más, de la fragilidad de la recuperación económica española de la que tanto presume el presidente del Gobierno. Un crecimiento que se basa única y exclusivamente en los sacrificios de las clases medias trabajadoras y en el recorte de los servicios públicos. Unos esfuerzos que solo han servido para retomar la burbuja inmobiliaria en los niveles anteriores a la crisis. Mientras, los Presupuestos del 2017 siguen en el aire por la incapacidad de Rajoy de pactar y la paciencia de la ciudadanía se agota al ver cómo van apareciendo con nombres y apellidos los responsables del quebranto de nuestra economía, como es el caso de Miguel ángel Fernández Ordóñez con Bankia.
