XLxo importante, a veces, es invisible. Aunque haya pasado desapercibido mediáticamente, el pasado 7 de febrero, Gobierno, sindicatos y empresarios han consensuado un nuevo modelo de formación para el empleo, que aborda la revisión del modelo de formación profesional de las personas trabajadoras. Acuerdo que renueva el compromiso de las partes en cuanto a la consideración de la formación como materia de negociación colectiva, así como del desarrollo de la Ley de las Cualificaciones y FP, compatibilizando la distribución de los beneficios de la formación entre empresas --competitividad y productividad-- y trabajadores --promoción profesional y estabilidad en el empleo--.
En Extremadura, este acuerdo debería significar un cambio en la cultura de la negociación colectiva que mantienen los empresarios. Sabemos que la formación no es un elemento recurrente en la misma, pero en una población asalariada de 150.000 personas que son dependientes de la negociación colectiva autonómica y provincial, los porcentajes famélicos del 19,5% de empresas que elaboran planes formativos, el 11% que invierte la jornada laboral para la formación o el 3% que vincula la formación a la promoción, la retribuye o la utiliza para la organización del trabajo, nos está informando que hay que cambiar el patrón de la negociación colectiva para mejorar el tejido productivo a través del conocimiento.
Este nuevo acuerdo desarrolla la Ley Orgánica 5/02 de las Cualificaciones y FP en el objetivo de integración de la formación profesional, rompiéndose la barrera entre la población ocupada y desempleada y conectando la formación a la realidad actual de nuestro sistema productivo. Formación para el empleo independientemente de la situación laboral, favoreciendo a 129.000 trabajadores extremeños con contratos temporales, hoy alejados del aprendizaje permanente, o facilitando el acceso a cualificaciones de otros sectores o emergentes, poniendo a disposición de estos, alternativas para enfrentar situaciones de incertidumbre o precariedad laboral.
Refuerza e incrementa los mecanismos de acceso a la formación de los colectivos de trabajadores con mayores necesidades, mujeres, mayores de 45 años y no cualificados, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, inmigrantes, así como de las pequeñas y medianas empresas. Impulsa la certificación de la formación, formal y no formal, como elemento clave en la acreditación y reconocimiento de las competencias y cualificaciones adquiridas en los procesos formativos, también en el marco de desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones, siendo uno de los ejes clave para la superación de uno de los déficits actuales más importantes.
Recoge la incorporación progresiva, a partir del ejercicio presupuestario 2007, de una mayor aportación de recursos ajenos a la cuota de formación profesional (que pagan empresarios y trabajadores) para financiar la formación de colectivos que actualmente no cotizan como las empleadas de hogar.
Potencia la calidad de la formación y la evaluación del sistema, a través de la evaluación de los propios participantes, de los beneficiarios de las ayudas y de los órganos del sistema. Ahora, se contará con un registro de entidades formativas y se elaborarán planes anuales para perfeccionamiento y metodología técnico-didáctica dirigidos a los profesores, para la dotación y equipamiento de centros de formación. Así mismo se abren nuevas posibilidades para los Centros de Referencia y la de los Centros Integrados, que en Extremadura debemos empezar a abordar.
Recoge el compromiso de aprobar el Real Decreto de desarrollo en el segundo trimestre del año en curso, que nos permitirá superar déficits reiteradamente diagnosticados, como la falta de reconocimiento y acreditación de la formación recibida, la rigidez de la normativa reguladora que dificultaba la participación, especialmente de trabajadores con contrato temporal, la separación entre formación ocupacional y continua, la escasa adaptación entre la formación y las demandas del sistema productivo o la utilización de estructuras y recursos públicos.
En esta negociación, CCOO tenía muy claro que esta norma básica debería permitir recoger, como así ha sido, los elementos de carácter más sindical: mejora de los servicios de orientación, en la perspectiva de su integración, la existencia de una oferta modular acreditable , la flexibilidad y ampliación de las posibilidades para solicitar permisos individuales para la formación, la posible participación de los empleados públicos en los planes intersectoriales, el compromiso con los actuales derechos de la Representación Legal de los Trabajadores o el compromiso del Gobierno de aportar financiación a partir de los presupuestos del 2007.
Una oportunidad para acercar la formación a la realidad productiva que no podemos desaprovechar.
*Secretario de Formación y
Empleo de CCOO de Extremadura
