La dimisión y huida de Bolivia del ya expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada constituye otro fracaso en Suramérica de las recetas económicas neoliberales y un revés para la política paternalista de Washington en la región, tal como demuestra el lamento del Departamento de Estado por la renuncia y su elogio del "compromiso democrático" de un mandatario que aplastó las protestas populares a costa de decenas de muertos y acabó refugiándose en EEUU, donde se crió y educó.
La desastrosa herencia económica de las privatizaciones masivas del primer mandato (1993-97) de De Lozada, un magnate minero y servidor de los intereses multinacionales estadounidenses, puede dar al traste con los esfuerzos reformistas de su sucesor, el prestigioso intelectual independiente Carlos Mesa. Este último ha reconocido que "el Estado no puede dar respuesta a las demandas legítimas del pueblo", en un país donde la mitad de la población sobrevive con menos de dos euros diarios.
El nuevo presidente debe arrancar de raíz el entramado de corrupción y de beneficios desorbitados de la minúscula élite aliada con los especuladores extranjeros. Y eso le será tan difícil como peligroso para su futuro político.
