La Asamblea de Extremadura abordó el jueves pasado cuestiones relacionadas con los Presupuestos Generales de Extremadura en Educación para 2012 (PGEX). En primer lugar, el diputado izquierdista Víctor M. Casco preguntó a la Junta por las razones de la modificación presupuestaria de restar 270.000 euros destinados a gastos de funcionamiento de los centros públicos para sumarlos a gastos de la privada concertada. La consejera de Educación, Trinidad Nogales , respondió que tal modificación era para "hacer una actuación equitativa y justa hacia los docentes de la concertada que, como bien sabe, tienen en Extremadura uno de los más bajos niveles de reconocimiento, tanto laboral como de equiparación con respecto a los docentes de la enseñanza pública". Más adelante señaló que en diciembre de 2011 se hizo otra modificación en sentido inverso de 550.000 euros y "nadie se acordó de esa reducción de los conciertos educativos".
También relacionado con los presupuestos en Educación fue la Interpelación a la Junta realizada por el diputado socialista Luciano Fernández , quien refirió íntegramente el artículo firmado por una periodista de este diario y que bajo el titular Quién sabe cómo se interesaba el pasado 10 de marzo por los 21 millones de euros que los PGEX no recogen para la enseñanza concertada (teniendo en cuenta que donde en 2012 aparecen 61 millones, en 2011 estaban 82). La periodista Guadalupe Moral finalizaba la noticia diciendo: "El sector no se ha atrevido a exigir más respuesta, ni la consejería a darla. Y ahora ya no solo faltan 21 millones, también claridad". Sobre dicho asunto Luciano Fernández dijo: "Ustedes tiene un presupuesto que es un desastre, donde todavía no han hecho público cómo van a solucionar el agujero de 21 millones en la enseñanza concertada (10 millones para la infantil y primaria, y 11 para la secundaria, formación profesional), que es su responsabilidad". La consejera Nogales le respondió: "Hemos elaborado unos presupuestos en 2012 que son tremendamente ambiciosos en una situación absolutamente adversa, que no se le escapa a nadie, donde el Gobierno, insisto, ha mantenido el nivel en educación por encima de ese 20%". Cerró la interpelación la diputada popular María Josefa Valadés manifestando: "En una época de dificultad y austeridad habría que redoblar los esfuerzos necesarios para conseguir una escuela pública de calidad. Ahora bien, no podemos confundir términos. Hablamos de escuela pública. No hemos hecho distinción entre público y privado: hablamos de centros sostenidos con fondos públicos. Pues bien, este nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, como ha expuesto otra vez la consejera en este atril, tiene una apuesta decidida por la educación pública, precisamente y en primer lugar, en un marco de libertad, en un marco de libertad de elección de centro, que como usted sabe también es un requisito importante para que sea una escuela pública de calidad".
XLA CONSEJERAx Nogales reconoce ante la Asamblea la deshomologación laboral y retributiva que padecen los docentes de la privada concertada de Extremadura con respecto a sus homólogos de la enseñanza pública, cuando responde a Casco; y al ser interpelada por Luciano Fernández reitera que la Junta mantiene una inversión que respeta lo contemplado en la Ley de Educación de Extremadura (20 por ciento del gasto total del Presupuesto). Es su compañera de partido, Valadés, quien manifiesta que pública y privada concertada no deben distinguirse por estar sostenidas con fondos públicos, y esboza una novedosa clasificación de centros públicos en libertad de elección, que englobaría a los públicos + privados concertados.
La idea de la Junta, según Valadés, puede ser un principio general de una nueva Ley de Educación del PP, o quizás se trate de un argumento para justificar cuantas modificaciones presupuestarias corresponda hacer de la pública a la privada concertada y viceversa sobre la base de que todo queda en la casa de los centros públicos en libertad de elección. De tal suerte que, las modificaciones presupuestarias futuras, serán recortes para unos y reajustes para otros.
Eso sí, dada la deshomologación que reconoce la consejera Nogales y teniendo en cuenta que el programa de los populares extremeños recogía: "Impulsaremos un acuerdo de homologación salarial, lectiva y formativa del profesorado de la enseñanza concertada", podríamos encontrarnos que, con la pretendida casa común de los centros públicos en libertad de elección, la homologación sea una pronta realidad. Salvo que para cuadrar las cuentas nacionales y regionales, tanto Rajoy como Monago estén pensando en una homologación a la baja de las condiciones de trabajo de los compañeros de la enseñanza pública con respecto a los de la privada concertada.
