Secretario de
Agricultura de UPA-UCE
Extremadura
Suprimir o reducir las ayudas a los cultivadores de tabaco y desvincular esas ayudas de la producción supone, aunque la Comisión Europea se niegue a reconocerlo, una amenaza real para el mantenimiento del sector y por tanto para la supervivencia de más de 20.000 familias en Extremadura, que viven directa o indirectamente del él.
Si se desincentiva la producción, lejos de evitar que los ciudadanos europeos fumen, sólo se conseguirá un mayor despoblamiento de zonas rurales en las que se concentra la producción. Mientras tanto, la industria tabaquera seguirá elaborando cigarrillos y lo hará con tabaco procedente de países donde no existe control de productos fitosanitarios o desinfectantes prohibidos por la Unión Europea, donde no existe una investigación hacia variedades menos nocivas y donde la forma de reducir los costes es utilizando mano de obra barata.
Si bien la Comisión Europea se justifica con las políticas de desarrollo sostenible y salud, oculta sin embargo una gran dosis de hipocresía y de mentira, porque el consumo de tabaco --que genera 63.000 millones de euros en impuestos a los estados comunitarios-- no puede ni debe combatirse arruinando a los cultivadores europeos, instalados en su mayoría en zonas rurales muy desfavorecidas y que sólo reciben del presupuesto comunitario 900 millones de euros y mantienen más de 70.000 empleos directos en España. En Extremadura, la mayoría de las explotaciones son de carácter familiar, con una superficie media de 2 a 3 hectáreas, que aportan el 75% de su renta, contribuyendo de forma decisiva a la cohesión social y al mantenimiento de la población. ¿Se ha planteado la Comisión Europea el desequilibrio social que podría ocasionar la desaparición del tabaco de nuestros campos, en la economía de las comarcas productoras? Es realmente lamentable que se pase por alto que el tabaco genera más de un millón y medio de jornales directos al año, y que además éstos se cubren en gran parte con una población inmigrante que han encontrado en la zona un lugar donde integrarse socialmente. La desaparición del tabaco significaría la pérdida de su medio de vida, dando lugar a la regeneración de un conflicto social que ya estaba prácticamente superado y que constituye un ejemplo a seguir de integración y convivencia en el ámbito nacional y europeo. Pero además, si desaparece el cultivo se perderán también 180 millones de euros en inversiones realizadas por el sector en la infraestructura de secaderos y maquinaria específica para las labores del tabaco, que no podrán ser reutilizadas para otros cultivos.
La supervivencia del sector de la transformación también está directamente vinculada a la continuación del cultivo. Teniendo en cuenta los elevadísimos costes de transporte del tabaco crudo, un transformador no puede vivir transformando tabaco importado. Si desaparece el cultivo comenzará a importarse el tabaco ya totalmente elaborado en cigarrillos.
Todo ello justifica la rápida reacción de los cultivadores de tabaco extremeños y de todos los colectivos sociales y políticos, frente a esta amenaza sobre un cultivo tan emblemático en Extremadura, conscientes de que si desaparece el sector, algo nuestro se muere.
Nosotros rechazamos esta reforma porque la situación, perspectivas y alternativas del sector no se han abordado con seriedad en los foros oportunos y porque sólo el sistema actual garantiza el mantenimiento de la producción de tabaco en Extremadura y, por tanto, de la actividad económica en las zonas productoras. Son muchas las razones, especialmente éstas de carácter social, por las que esperamos que el ministro de Agricultura y el presidente del Gobierno sean pertinaces e incansables en la defensa del sector y que no permitan, bajo ningún concepto, la ruina de tantas familias extremeñas y la desestructuración social de tantos pueblos. Está en sus manos y desde UPA-UCE estamos dispuestos a hacérselo entender y a luchar con las únicas armas que tenemos: el trabajo, el diálogo y las movilizaciones.
