La Comisión Europea aprobó ayer un documento para regular el mercado de frutas y hortalizas, en el que Extremadura se jugaba mucho como principal productor mundial del tomate de industria. Lo aprobado, que ha de ratificar el Consejo de Ministros de la UE, es una Organización Común de Mercado (OCM) que tiene truco por cuanto suben las ayudas a los productores, en teoría hasta el 2013 --España recibirá 27 millones de euros más por año-- pero, al mismo tiempo, se plantea suprimir las ayudas directas a la transformación de frutas y hortalizas. La Comisión lo interpreta como una ocasión de dar libertad al productor, de manera que pueda adaptar su cultivo a las demandas del mercado, gracias a la recepción de una ayuda no ligada a la producción y sí vinculada a la superficie cultivable. ¿Y después? Engordar para morir.
La medida de Bruselas, ajustada a la idea de reducir los costes de financiación de su política agraria, no convence ni a una parte de los agricultores ni al sector cooperativo, sobre todo por considerar que la reforma generaría una clara competencia desleal por parte de aquellos productores beneficiarios de estas ayudas y que, al mismo tiempo, dedicaran sus explotaciones a otros cultivos. La otra opción sería no producir, con el riesgo que puede entrañar para un cultivo que tiene un importante peso económico y social en Extremadura, por el empleo que genera tanto en la industria transformadora como en el propio campo. Cobrar sin producir puede ser una fórmula muy arriesgada para garantizar esperanzas de futuro en las zonas rurales.
