OCULTAR Y ARRIESGAR

Las ideas son hijas de pensamientos y sentimientos firmes. Se transmiten mediante el comportamiento coherente. Se defienden argumentando con razones, desde la mesura y desde la tolerancia. Cuando quien se expresa ostenta, además, una representación pública, sus comentarios deben ser especialmente tributarios de lo anterior, por cuanto el ideario propio trasciende al resto de los ciudadanos a través de su especial legitimación.

Por eso, cuando los mensajes que se repiten desde tal o cual título de habilitación, son intentos de presentar los hechos conforme a los intereses propios, faltando a los dictados de la realidad, incluso deformándola para atribuir a los demás las irresponsabilidades propias, desembocamos en una convivencia poco acorde con una democracia respetuosa. Muy al contrario, venimos a padecer lo que enunció Javier Pradera como ocultación (de acontecimientos), deformación (de la realidad) y desviación (de responsabilidades).

Un ejemplo lo tenemos en nuestra universidad, con un rector abocado a culminar su mandato en unos días (el 22 de junio), que se las ha ingeniado para permanecer en el puesto unos meses extra (al menos 5), sin título habilitante previo. El permanece impertérrito ante cuantos argumentos se le hayan dado desde distintas tribunas y órganos. El oculta, deforma y desvía. El se agarra a su título de rector para decir que la situación está ajustada a derecho, sin más, solamente su palabra, para a continuación señalar que quienes sostienen la ilegalidad de su actuación ni argumentan, ni están documentados. Lamentablemente sus desafueros son tan abundantes como graves. De manera premeditada dejó correr los plazos para convocar elecciones antes de llegar a la expiración de su mandato, con la excusa, pobre excusa, de esperar a la publicación de los nuevos estatutos. Con ello agredió al principio de la seguridad jurídica, que no es norma directriz para el futuro, sino de obligación en cada presente.

Los argumentos y documentos son públicos. Desde la ley de universidades, los anteriores estatutos, los plazos obligados, hasta los escritos oficiales llamando a todos a cumplir la ley. Pero para nada, él se mueve bajo el manto de la apariencia, y con él la universidad desangrándose y permitiendo, desde la apatía, tales desafueros. Las razones por las que caminamos hacia esta prórroga forzada fueron ya publicadas, cuando aún quedaba tiempo para cumplir la ley, por lo que no merece la pena insistir sobre ellas. Pero sí merece añadir que las normas están para cumplirlas. Por eso, cuando se cambia una ley orgánica, la LRU, por otra, la actual LOU, quedan reguladas todas las situaciones estatutarias y administrativas de transición entre una y otra, atendiendo a todas las posibilidades de aplicación temporal. En todas esas normas el tope legal para el mandato de los rectores es de cuatro años. La nuestra es la única de las 50 universidades públicas españolas que se lo va a saltar a la torera.

Por cierto, ¿qué pasaría si el contencioso que actualmente está admitido y en tramitación sobre nulidad del procedimiento de aprobación de los nuevos estatutos de la Uex culminara en sentencia afirmativa? ¿En qué situación quedaría la universidad? ¿Por qué el rector ocultó esta información cuando en su momento, por ejemplo 28 de abril, pudo todavía convocar elecciones conforme a la legalidad obligada y conforme al principio de seguridad jurídica? Ocultación, deformación y desviación. Pura apariencia. Más desafuero. Con la complicidad de pocos y el silencio de muchos, le merece la pena el riesgo.