Tres días antes de las elecciones generales del 2008 recibí la respuesta a mi solicitud para cobrar la renta básica de emancipación. ¿Casualidad? No lo creo, pero fui una de las primeras afortunadas en empezar a cobrarla. Unos meses después, en septiembre, las condiciones de mi contrato laboral cambiaron, e inmediatamente inicié los trámites para la anulación de dicha subvención. En noviembre hice otro trámite, ya que la Administración seguía ingresando en mi cuenta los 210 euros de la ayuda. Al llegar a marzo del 2009, ya no cobraba la ayuda. La resolución que la anula dice, como me temía, que tengo que devolver lo que estuve cobrando desde septiembre; es decir, durante seis meses. Lo que no sé es dónde y a quién tengo que devolver ese dinero. El comunicado no informa ni del importe exacto ni da un número de cuenta bancaria, pero deja muy claro que si en el plazo de un mes no lo devuelvo, me cobrarán intereses. Estoy indignada; he llamado varias veces a Adigsa --la entidad pública encargada de la tramitación-- y me dicen que es mi banco el que tiene los datos. He llamado al banco: no saben nada de esto. Incluso he llamado al Ministerio de Vivienda, donde me informaron de que allí no hay ningún departamento que lleve este tema, y que, en todo caso, la consulta debo hacerla por correo. En oficinas municipales tampoco me aclaran nada; al parecer, debe de ser complicadísimo anular la prestación y explicar al ciudadano qué tiene que hacer. ¿Cómo es posible que, para algo que yo quiero pagar, no cobrar, nadie quiera saber nada? Y pensar que tantos jóvenes todavía esperan recibir esta ayuda...

Beatriz Rodríguez de la Torre **

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