WEwl último Consejo de Gobierno aprobó la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2006. Serán 5.300 plazas, de las que propiamente corresponden a este año 2.600 y el resto, a plazas no convocadas y anunciadas en los años 2004 y 2005 y que se añaden ahora a la oferta actual. Las circunstancias que concurren en esta convocatoria alientan la duda de si se trata de una verdadera oferta de empleo de la Administración regional --y que por la inveterada atonía del mercado laboral extremeño es extraordinariamente importante para miles de aspirantes, puesto que en ella depositan las mayores esperanzas de trabajo-- o una operación de propaganda, avizorando ya el horizonte electoral al que se llegará en poco más de un año. Y ello por varias razones. La primera por publicitar al menos dos veces la misma cosa; la segunda por dar por hecho que en el 2006 se va a poder concursar a 5.300 plazas, cuando en los años anteriores sólo se cumplió un tercio de la OPE (se ofertaron, en conjunto en esos años, 4.000 plazas y se sacaron a concurso 1.300, quedándose en el camino las 2.700 que ahora aparecen en la OPE del 2006).

La tercera razón por la cual cabe la sospecha de que con ese anuncio la Junta está montando, sobre todo, una operación de propaganda es la incapacidad mostrada por la responsable de las convocatorias de empleo, la consejera de Presidencia Casilda Gutiérrez , para ofrecer razones convincentes del retraso en la puesta en marcha de los procesos de selección publicitados. Gutiérrez dijo el pasado jueves en la Asamblea, en primer lugar, que no había retraso, y después que las convocatorias de los años 2004 y 2005 no se habían tramitado en su totalidad porque había que esperar a resolver la OPE del 2003, que ya llevaba acumulada la del 2002. Es decir, que el retraso de los dos últimos años se debe al retraso de los anteriores, lo que viene a significar que la demora se amontona y el retraso es consustancial a las ofertas de empleo. Y puede que, como en todo proceso, surjan factores sobrevenidos que desemboquen en que no se cumplan los planes previstos, pero es demasiado que afecten a dos de cada tres plazas anunciadas, porque tal situación demuestra que la norma es que las plazas se anuncien y no se convoquen en el tiempo prometido, y sólo es excepcional que sí se haga.

Pero más preocupación causa cuando el retraso no se debe a este tipo de factores, sino, por un lado, porque la oferta de empleo "es un largo proceso plagado de actuaciones", y por otro por el "volumen de aspirantes". Esos fueron los argumentos de la consejera para explicar la diferencia entre las plazas que se pregonan y las que verdaderamente se sacan a concurso en el tiempo prometido. ¿Es que desconoce el procedimiento como para sorprenderse luego por su complejidad? ¿Es que desconoce que siempre va a tener pendiente a miles de aspirantes? Si lo ignora, malo por ignorarlo; si no lo ignora, peor porque deja entrever que para la Junta no es lo más importante cumplir sus compromisos de empleo, sino anunciar cifras, aunque sean virtuales.