La detención del presidente de Anesvad y la investigación de la Fiscalía sobre Intervida ha puesto bajo sospecha al conjunto de las ONG. En los periódicos, las radios y las televisiones estas informaciones han ocupado un importante espacio y se han producido comentarios muy negativos. El diario El País publicaba a principios de semana un interesante informe en el que en un recuadro titulaba: "Las ONG transparentes" transmitiendo, por eliminación, que sólo las 49 organizaciones allí reflejadas cumplían los requisitos de "transparencia y buena gestión", eliminando, además, la presunción de inocencia. Y todo ello, porque esas 49 organizaciones, absolutamente respetables, han sido auditadas por la Fundación Lealtad, una entidad privada, seguramente muy respetable, a la que se le da carta de naturaleza como si su dictamen fuera inobjetable y todas las que no se hayan sometido a él --poco más de cien-- fueran sospechosas . En la lista de las ONG "transparentes" faltaban algunas cuyo reconocimiento social y cuya transparencia merecen pocos reparos. Por poner sólo dos ejemplos, Cruz Roja o Aldeas Infantiles. Algunas no sólo se someten a auditorías anuales sino también a otras internacionales e incluso, a auditorías de calidad. Y, además, depositan sus cuentas en el Ministerio del Interior.

Las ONG tienen que ser absolutamente transparentes y tienen que mejorar en ese concepto. Pero buena prueba de que la mayoría lo son es que se detectan las posibles irregularidades. Anesvad es una cosa e Intervida, otra. Al menos, eso parece. La Fiscalía lleva cuatro años investigando a esta última y en todo ese tiempo no ha tomado ni una medida cautelar... aunque pueden aparecer otros problemas. Posiblemente hay demasiadas ONG en España y muchas de ellas están montadas sobre proyectos personales que no siempre encuentran el cauce adecuado, y sobre fondos públicos, que a veces escapan al control que la Administración debería ejercer.

Los millones de personas que aportan su dinero y los voluntarios que entregan su tiempo tienen derecho a exigir la máxima transparencia en los proyectos y en las cuentas. Pero también tienen derecho a saber que en la inmensa mayoría de los casos, su dinero se invierte bien y llega a los que lo necesitan.