Tal y como avanzó el miércoles por la tarde el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la nueva Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio) fue entregada ayer por el grupo socialista en el registro de la Asamblea de Extremadura, lo que permite su tramitación parlamentaria y su debate en pleno en el plazo de un mes si llega a tiempo el pertinente informe del Consejo de Estado. Entre sus principales novedades destacan la reducción a la mitad los plazos administrativos y urbanísticos de los nuevos complejos que se decidan montar en la región, que se tramitarán siempre por la vía de urgencia, y en el caso de que incluyan casinos, una deducción de hasta el 80% del impuesto de juego en función de la cantidades invertidas en la construcción y equipamiento de la instalación. Todo ello será aplicado siempre que el Consejo de Gobierno de la Junta otorgue al proyecto en general la calificación de «Gran Instalación de Ocio».

A nadie se le escapa que esta nueva normativa viene a ofrecer seguridad jurídica y atractivos fiscales para instalarse en Extremadura, máxime si como ha trascendido ya hay un proyecto de estas características, ligado al ocio familiar como se ha reflejado, que pretende instalarse en la zona de La Siberia, más concretamente cerca de Castilblanco. La administración regional debe contar con herramientas que le permitan competir en un mundo cada vez más globalizado, donde el dinero busca seguridad y también negocio a medio y largo plazo. El impuesto de juego supone el 0,2% de la recaudación tributaria autonómica. Su exención temporal a un determinado negocio supone una rebaja de los ingresos generales pero nunca un gran trauma económico, máxime si como se prevé se aplica solo para inversiones en parques superiores a los mil millones de euros.

En suma, se deben salvaguardar todos los aspectos legales y también toda la normativa medioambiental (poner todas las cartas sobre la mesa y boca a arriba y llevar la transparencia como norma de actuación), pero Extremadura no puede permitirse renunciar a proyectos de esta naturaleza si son de las cifras que se están reflejando donde se habla de hasta 2.000 puestos de trabajo y al menos 3.000 plazas hoteleras. Si existe esa necesidad de mercado, ese potencial de clientes y el capital necesario y, encima, están llamando a tu puerta, lo que hay que hacer es abrirla. Tiempo habrá de comprobar si el proyecto es solvente o, por el contrario, hay que acabar por rechazarlo.