Hace años que la sociedad española está sobrecogida por los escándalos generalizados de corrupción: Filesa, Roldán, Naseiro, Gürtel, Matas... Casi siempre tienen nombres propios, de personas o de instituciones y empresas, pero, ¿qué es lo que sustenta a la corrupción y le permite que sus autores, en muchos casos, mantengan sus cargos y no ingresen en prisión? La respuesta es evidente para mí: detrás de todo esto está la financiación de los partidos políticos, una cuestión todavía no resuelta. En la mayoría de los casos de corrupción el fundamento está en la busca de recursos para el partido de turno. Las personas que gestionan estos asuntos no asumirán nunca los riesgos colaterales de su función sin procurarse una parte sustancial del botín. Para ello, a menudo cuentan con una impunidad sorprendente. Hay un pacto, no explícito, de no utilizar la financiación de los partidos como arma arrojadiza en las campañas electorales.
Por otra parte, los gestores del negocio saben demasiado y, si el partido los pone en la picota, cantan: su repertorio es extenso y haría daño. Ocurre también que una gran parte de la justicia tiene fuertes vínculos con los partidos. La justicia no parece precisamente independiente y eso, salvo honrosas excepciones, supone que determinados jueces se lo piensen mucho antes de levantar un caso de corrupción. Y los favores que los partidos reciben de bancos y grandes empresas tienen su contrapartida. Llegados a este punto, me pregunto: ¿quién manda realmente en este país? ¿Puede un gobernante dictar resoluciones contra los intereses de quien le ha ayudado? Quizá por este motivo en España tenemos grandes vacíos de inversión en sanidad, enseñanza, I+D y pensiones.
A. Sala **
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