Mientras arrecian los rumores sobre un inminente comunicado de ETA y crece la expectación sobre si Batasuna podrá o no presentarse a las próximas elecciones municipales del 27 de mayo, una nueva peripecia judicial puso ayer en evidencia las dificultades para una normalización política en el País Vasco y para un descenso de la crispación en España. El líder de la izquierda aberzale, Arnaldo Otegi, fue detenido por orden del juez en su casa de Elgoibar y trasladado a la Audiencia Nacional, donde debía ser juzgado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo cometido en julio del 2001. Otegi alegó que no pudo desplazarse antes a Madrid por culpa del estado de las carreteras, pero parece una excusa tan barata que apenas oculta su deseo de mantener un pulso con el tribunal.
Es seguro que Otegi no irá a la cárcel por este caso. Ayer quedó en libertad después de que la Fiscalía retirara finalmente la acusación por unos hechos --un homenaje a la etarra Olaia Castresana, fallecida cuando manipulaba explosivos-- por los que Otegi y dos personas más habían sido ya juzgadas en el País Vasco, en un proceso que después fue declarado nulo. Este episodio va a redoblar sin duda los ataques de la oposición contra la Fiscalía de la Audiencia Nacional y contra el fiscal general. De momento, el PP reforzó ayer su ofensiva contra el Gobierno basándose ahora en una supuesta estrategia del presidente Rodríguez Zapatero para que Batasuna, que sigue sin condenar el terrorismo, se presente a las elecciones a cambio de que ETA le dé oxígeno con un nuevo "comunicado-trampa", en insidiosa expresión de Angel Acebes.
