Por más que nos intenten explicar lo contrario, la fuga de seis narcotraficantes antes de que se les juzgara en la Audiencia Nacional era previsible. En 1999 se detuvo a 22 personas que presuntamente habían participado en el tráfico de 800 kilos de heroína. Se les encarceló preventivamente, pero a la hora de probar su inocencia o culpabilidad faltan seis de los implicados. Eran tan sospechosos que no han comparecido ante el tribunal aprovechando la libertad condicional de la que gozaban por exceder el periodo de prisión preventiva que marca la ley.
Hay suficientes precedentes: detenciones de traficantes de altos vuelos, por la calidad y cantidad de la droga con la que comercian, que salen de la cárcel por la ineptitud de determinados jueces y luego desaparecen antes del juicio. Por más que pueda explicarse procesalmente, todo indica que estamos ante otro caso de la poderosa capacidad del dinero del narcotráfico para enmarañar los procesos y evadir la acción judicial. Y, por desgracia, esta desidia de jueces y fiscales, unida a la malicia de algunos abogados, se da en un ámbito, el tráfico de drogas, que afecta a millares de familias con un adicto en casa y que esperan, en vano, una actuación ejemplar de los jueces.
