La decisión del Gobierno de revisar la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo abrirá con toda seguridad un gran debate sobre los aspectos morales, políticos y sanitarios que concurren en el asunto, pero es innegable que la norma de 1985 ha dado de sí cuanto cabía esperar y, en muchos casos, se ha revelado insuficiente. El informe de los expertos configura una ley de plazos, similar a la que se aplica en otros países --Francia, Alemania, Bélgica--, que deja en exclusiva a la mujer la decisión de interrumpir el embarazo en las 14 primeras semanas de gestación, extensible a 22 cuando exista grave riesgo para la madre o se detecten graves anomalías en el feto. En estos dos supuestos, como sucede ahora, será preceptivo el informe de un especialista.

Justo porque en estos casos extremos se requerirá la intervención de un médico, y porque la experiencia con la ley en vigor no resulta del todo satisfactoria, es exigible que la nueva subraye el papel de los mecanismos de control del sistema sanitario. En una materia tan delicada como la del aborto es imposible el consenso social, pero sí lo es garantizar que la ley se cumplirá siempre a rajatabla con todas las garantías, tanto para las mujeres como para los facultativos.