El Gobierno anuncia que regulará por ley las pensiones no contributivas con la excusa de que, a igualdad de condiciones, unos españoles no cobren más que otros. Si la iniciativa pretendiese igualar al alza la paga que reciben 500.000 españoles mayores de 65 años o con minusvalías físicas, por el expreso mandato constitucional de tener unos ingresos mínimos, sería una buena noticia. Lo malo es que la iniciativa sólo parece reivindicar para el Gobierno una competencia rentable electoralmente, justo después de que el Constitucional haya dado la razón Andalucía, que decidió dar una paga anual complementaria. El electoralismo de unos y otros es grave. Se juega con la ambigüedad de palabras no equivalentes, como pensión o paga asistencial, para crear ilusiones o sembrar la angustia entre millares de familias con ingresos mínimos. Si el Gobierno y las autonomías tampoco se ponen de acuerdo, el Constitucional tendrá aún más razón en su advertencia de que asegurar la subsistencia es obligatorio, venga de donde venga.
