WEwl fallecimiento de Juan Martínez , vecino de Roquetas de Mar (Almería), en el cuartel de la Guardia Civil adonde acudió para dar su versión sobre un accidente de tráfico es aún más indignante a medida que se conocen las circunstancias de la detención. Le redujeron con material disuasivo prohibido, y tras el deceso, se intentó ocultar el caso. Como medida cautelar, el Ministerio de Defensa ha separado del servicio durante seis meses a un teniente de la Guardia Civil y a los subordinados que pudieron participar en los hechos. El ministro del Interior, José Antonio Alonso , dará explicaciones rápidas en el Congreso. La iniciativa es la adecuada ante las reticencias corporativistas de quienes dirigen la Guardia Civil. Alonso ha de responder a una exigencia irrenunciable: los malos tratos en cuartelillos y comisarías no son admisibles, ni que se aduzca como excusa que un detenido se comporta con violencia. El caso de Almería ha vuelto a poner en evidencia que aún hay zonas oscuras en el comportamiento de las fuerzas de seguridad. El Gobierno no puede tener remilgos en este asunto: los causantes de la muerte del agricultor almeriense deben ser castigados severamente si se demuestra su culpabilidad.
