Cada vez está más claro que los cargos políticos en ciernes que estudiaron en el opaco Instituto de Derecho Público de la URJC, dirigido por Enrique Álvarez Conde, gozaron, cuando menos, de un trato privilegiado que no tuvo el resto de matriculados. Presuntamente, era un chiringuito clientelar para garantizar lealtades una vez los alumnos estuvieran en el poder. Por más que ese trato fuera habitual para los VIP, el sentido común y la ética universitaria dictamina que aceptar el regalo de un máster es inmoral. El entonces estudiante Casado tiene ahora el máster judicializado. En su defensa dice «llevar cinco meses dando explicaciones». Y digo yo que si aún le preguntan por lo mismo, o se explica muy mal, o sigue sin aclarar las dudas. ¿Qué se puede esperar de un político que como coartada argumenta que hizo lo que le dijeron?
