WEwn los últimos días algo se ha movido para hacer frente a uno de los retos políticos más importantes que tiene planteados el Estado: mejorar la financiación de los ayuntamientos, considerados unánimemente como el hermano pobre de las instituciones. La reunión del pasado martes entre el Ministerio de Economía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordó un aspecto de esa financiación, el establecimiento de una cantidad compensatoria por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Esa cantidad es, sin embargo, simbólica por cuanto de los 120 millones de euros repartidos para toda España, a Extremadura llegará aproximadamente el uno por ciento, es decir, 1,2 millones (200 millones de pesetas), que a su vez representan no más de la décima parte de lo que los municipios de la región han perdido como consecuencia de la supresión del IAE. No es, por tanto, una cantidad que pueda resolver nada, aunque sí se anuncia la voluntad de acordar en el futuro una compensación que represente la merma real de ingresos.

Sin embargo, los alcaldes --tanto del PSOE, como Elia Blanco y José Muñoz , como del PP, Pedro Acedo y Miguel Celdrán -- han acogido con esperanza ese acuerdo porque, acostumbrados como están a llamar a las puertas del Gobierno central sin que se les escuche, en dicha reunión se adquirieron algunos compromisos alentadores, como es la creación de una comisión en la que se estudie lo que constituye una de las causas por las cuales los municipios se encuentran al borde de la bancarrota: la asunción, y la financiación consiguiente, de lo que se denomina "servicios impropios", que son aquellos que los ayuntamientos han tomado bajo su responsabilidad, aunque no sean los titulares de las competencias, y que fundamentalmente están relacionados con el bienestar social de las personas más desprotegidas.

Este compromiso fue reiterado ayer por el secretario de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, José Luis Méndez , que participó en Mérida en un acto organizado por la FEMPEX para dar a conocer el primer borrador del Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local.

Méndez dijo que entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios no hay discrepancias insalvables para alcanzar un pacto que beneficie financieramente a los ayuntamientos. Sin embargo, está por ver si esa disposición se queda o no en poco más que un planteamiento teórico porque, aunque nadie discrepa en la urgencia del pacto y en el sentido del mismo, cuando llegue la hora del reparto de los fondos, es fácil sospechar que surgirán dificultades. A nadie se le escapa que, por razones de equilibrio político, la discusión sobre la financiación autonómica y la reforma de los Estatutos puede anteponerse a la consecución del pacto local, por mucho que éste sea verdaderamente necesario para los ciudadanos, y el otro sólo para algunos dirigentes políticos.