La educación es uno de los temas centrales en la agenda de cualquier Estado. Toda intervención en un ámbito tan sensible implica el máximo consenso posible de las fuerzas políticas con el objetivo de blindar un proyecto de larga duración que asegure una cierta estabilidad al sistema. La educación no es un asunto trivial, sino un pilar de la sociedad y un seguro para el futuro. Con la propuesta de Pacto de Estado por la Educación, la voluntad del Gobierno se cifraba en el asentamiento de unas bases que aseguraran ese amplio consenso, pero las divergencias en puntos clave contenidos en el programa del PP lo han hecho prácticamente imposible. En el texto finalmente presentado la semana pasada por el ministro de Educación, Angel Gabilondo, uno de los factores determinantes es la mayoría necesaria para emprender reformas legales. La de dos tercios, a la que se renuncia, implicaba un entendimiento imprescindible entre los dos partidos mayoritarios. Con una mayoría relativa, se permite la posibilidad de más vaivenes ideológicos, pero se asegura mayor fluidez para los necesarios cambios que reclama el mundo actual.

El pacto parece contar con el beneplácito de los sindicatos y de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP, y satisface expectativas sociales, como la prórroga de la jubilación anticipada (hasta que se regule el nuevo marco a nivel general), un mayor grado de autoridad para los maestros, el compromiso de llegar a un acuerdo en el estatuto del docente y una dotación presupuestaria de 1.570 millones de euros, además de un aumento progresivo del gasto hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea en el 2020.

El pacto no respalda la posibilidad de un currículo único para toda España y defiende el modelo del bilingüismo, que en algunas comunidades autónomas es asunto esencial, y también se fija como objetivo prestigiar de forma definitiva la formación profesional, y contempla la idea de una revisión de la estructura del bachillerato. El pacto incluye 148 medidas para conseguir 12 objetivos, que persiguen una mayor calidad del sistema para que pueda equipararse a los parámetros europeos más avanzados y que deberían aplicarse pese al rechazo del PP que, una vez más, ha disfrazado con argumentos de diversa índole su determinación de no pactar nada con un Gobierno que considera amortizado. Esta circunstancia es la que puede haber variado la disposición del partido de Rajoy, que hace meses se mostró favorable al pacto, lo cual dio alas a la posibilidad de que esta vez sí podría haber una avance significativo en la idea de sacar la educación de la agenda de confrontación interpartidista. Pero ahora, los populares parecen haber optado por la estrategia del desgaste sin matices. Otra oportunidad perdida.