WJwuan Pablo II hace suyas las tesis del presidente del Episcopado español, Antonio María Rouco Varela, contra el Gobierno del PSOE, al que acusa de "difundir una mentalidad inspirada en el laicismo hasta promover el desprecio hacia lo religioso". Pero eso, aunque lo diga el Papa, falta a la verdad: ni la Constitución, que garantiza la libertad de religión, ni los hechos avalan esta tesis. El Gobierno plantea que la enseñanza de la religión sea optativa y se ciña a los acuerdos con la Santa Sede de 1979. También, adopta medidas para que quienes lo deseen ejerzan sus derechos ciudadanos (el caso de los matrimonios homosexuales) o para que avance la investigación bioética. Es legítimo que la Iglesia católica adoctrine en contra a quienes creen en su magisterio. Pero resulta injusto que pretenda imponer sus tesis a los demás, a todo el colectivo social. O que se considere autoridad técnica cuando opina sobre el plan hidrológico (PHN), autoridad científica al descalificar la eficacia física del preservativo y autoridad histórica neutral si alude al modelo de Estado. La sociedad es plural; la moral, también. Y en una sociedad democrática, el Estado debe hacer posible que en las cuestiones morales cada uno elija lo que le dicte su conciencia.
