La noticia de que, en 1996, en la venta de FG Valores al banco de negocios Merrill Lynch se detectasen irregularidades contables es importante, aunque estén prescritas. Porque el vendedor era Francisco González, actual presidente del BBVA, y porque se ha dado a conocer cuando la constructora Sacyr quiere entrar en el consejo de administración del banco con la oposición de éste. Son dos hechos difícilmente separables.

Pero hay algo todavía más decepcionante en esta historia: el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo creado para velar por la transparencia de la bolsa y por los intereses de los inversores. Ahora, casi nueve años después, había iniciado una investigación de aquella venta; el que era su presidente en el momento de la denuncia del banco americano no fue informado; quien le sucedió cuatro meses después había sido el abogado de González frente a Merrill Lynch, y la documentación del tema parece haber desaparecido. Es un gran desprestigio para una institución que debería ser ejemplo de independencia política y económica y que ya falló por connivencia en el caso Gescartera .

Había que aclarar lo ocurrido, pero la CNMV, con el archivo del expediente, contribuye poco a ello.