El Gobierno ha reaccionado, tal vez tarde, a la crítica de que el Estado se muestra dispuesto a ayudar a las entidades financieras, pero es insensible al verdadero drama de la crisis actual: el desenfrenado aumento del paro, que en octubre subió en casi 200.000 personas (2.000 en Extremadura). El Gobierno salió, como era su obligación, en defensa de bancos y cajas cuando en todo el mundo asomó el fantasma de la falta de confianza en el sistema. Pero es verdad que, además, el Ejecutivo debe tomar medidas que incidan en los problemas de quienes más sufren. Y entre estos está el colectivo de trabajadores que han perdido el empleo y se encuentran, además, con la obligación de satisfacer los plazos de una, generalmente larga, deuda hipotecaria.
Dada la legislación española, dejar de pagar las cuotas de la hipoteca se convierte en una gran losa para la familia endeudada. Por eso deben ser bienvenidas las decisiones anunciadas el lunes por Zapatero, que buscan un alivio para quienes ahora tienen dificultades insalvables para atender a sus deudas. Es una medida que crea deuda del Estado, pero que puede contribuir a tranquilizar a familias desesperadas.
