WLw os dos grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura han acordado rebajar el sueldo de sus señorías, de manera que el presidente y los miembros de la Mesa cobrarán a partir del mes de julio un 15% menos y el resto de parlamentarios un 8%. Todo ello acorde con las medidas de ahorro aprobadas por las instituciones estatales y regionales para sus altos cargos.

En este sentido, no hay nada que objetar, han hecho lo correcto. Pero los dos grupos parlamentarios han perdido una oportunidad para ir más allá: para replantearse la situación según la cual todos los parlamentarios, si quieren, pueden cobrar un sueldo de alrededor de 60.000 euros brutos anuales. Todos. Aunque, en la práctica, los parlamentarios extremeños que cobran de la Asamblea son 50 de los 65, ello no modifica el espíritu de la norma. Y esa norma es la que habría que modificar en tiempos como los que atravesamos. La pregunta es: ¿el trabajo parlamentario exige inexcusablemente que todos los miembros de la cámara cobren íntegramente de ella porque la intensidad de su labor no les permite otra ocupación? La respuesta está en la realidad autonómica: hay parlamentos regionales en nuestro país, la mayoría, que tienen establecida la misma posibilidad que Extremadura, pero hay otros, los de Rioja y Castilla-León, que no. Y aquí hemos llevado más tiempo sin el régimen de exclusividad para todos que con el actual.

La crisis no solo está arrollando empresas, el empleo de centenares de miles de personas, el sosiego de las familias y las esperanzas de futuro de incontables ciudadanos; también está poniendo en la picota la estructura del Estado. Hasta ahora, la España de las autonomías había sido uno de los grandes aciertos de los constituyentes. Un buen ejemplo es precisamente Extremadura: la etapa autonómica es, seguramente, la más próspera de la historia. Pero hoy hay cada vez más voces críticas para con las autonomías. La vuelta a un estado centralista y uniforme es la reacción emocional que dan muchos ciudadanos no tanto al estado de las autonomías, sino a la multiplicación del gasto que ha supuesto esta fórmula. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es uno de los políticos que con más nitidez y de manera más didáctica ha manifestado que el Estado autonómico es insostenible en tiempos de crisis y ha criticado "los excesos de las autonomías". Y de cómo esos excesos son su talón de Aquiles.

Pues bien, muchos ciudadanos incluyen entre esos excesos el gasto de mantenimiento de los parlamentos, y de entre esos gastos la profesionalización íntegra de los miembros de las cámaras legislativas. El acuerdo del pasado martes sobre la reducción de sueldos en la extremeña habría sido una buena ocasión para reducir también el número de liberados. La situación lo exige y la credibilidad de los que, desde el Gobierno y de la oposición, se reclaman mutuamente austeridad, habría ganado muchos enteros.