WAw unque el Partido Popular pretenda desviar la atención en cuanto a qué es lo sustancial en el caso velódromo , la realidad es que la actuación del juez responde a una necesidad manifiesta: esclarecer cómo una instalación presupuestada en 48 millones de euros --el Palma Arena-- salió por casi el doble. Ni está en discusión la labor de la policía ni la honorabilidad del juez ni la competencia del fiscal ni la solvencia de la coalición de centroizquierda que gobierna en el archipiélago. Puede admitirse que la puesta en escena de la detención y posterior conducción de los presuntos implicados a comisaría, primero, y tres días más tarde, a los juzgados de Palma se excediera en espectacularidad, pero no parece que desbordara el manual de procedimiento de la policía y, en todo caso, no es de eso de lo que va el asunto. El nudo de la cuestión es dilucidar a qué se debió que se dispararan las cuentas y adónde fue a parar el dinero de más.

Los populares están en su derecho de exigir un trato ecuánime, pero tienen sobre todo el deber de explicarse y dejarse de maniobras de distracción. Mientras se sigan preocupando por las condiciones de detención de los cinco inculpados, pero no acepten responder a las incógnitas que plantea el caso velódromo, habrá que convenir que el partido antepone el fuero al huevo; pone por delante las formas al fondo para eludir responsabilidades.

Y esto incluye aclarar si la posibilidad avanzada por el portavoz popular, Esteban González Pons, de llevar al Parlamento Europeo el acoso a los populares responde a un calentón veraniego o a algo más. En ambos casos es preciso que los ciudadanos sepan a qué atenerse, porque ambas posibilidades mueven a preocupación. Si se le fue la lengua a González Pons, porque ha comprometido a todo el partido; si el PP está detrás de él en bloque, porque el país corre el riesgo de hacer el ridículo en Estrasburgo a menos de medio año de hacerse cargo de la presidencia de la UE.

Las preocupaciones y las estrategias de futuro del PP debieran ser otras habida cuenta de que los casos de corrupción están ahí y no hay forma de soslayarlos. Y de paso, sería un gesto de cordura que renunciara a excentricidades reglamentistas como someter a examen de valencianidad a Leire Pajín. Porque la realidad es bastante más tozuda que la grandiluencia y la gesticulación de los líderes populares, empeñados en presentarse como víctimas de una persecución política.