La Asociación de Propietarios de la Umbría y la Solana de la Montaña ha advertido al Ayuntamiento de Cáceres que pedirá al Supremo que ejecute la sentencia que declaró ilegal el Residencial Universidad, 550 viviendas construidas en las estribaciones de la Montaña, al aprobarlas, en el año 2000, por el entonces consejero de Vivienda, Javier Corominas.
La asociación citada pedirá la ejecución de la sentencia, que al menos dejaría las viviendas en un limbo, si el ayuntamiento recorta el desarrollo de la zona que se recoge en el proyecto del nuevo plan de urbanismo, puesto que tiene terrenos en la Montaña que pretende permutar por otros en los que se pueda construir. Hoy el consistorio se ocupará sobre este asunto. Por un lado, los propietarios del Residencial Universidad no pueden ser los que paguen que sus casas han sido declaradas ilegales por los tribunales. Pero, al mismo tiempo, la Asociación de Propietarios de la Umbría reclama algo lógico: responsabilidades por un agravio comparativo. Es comprensible, además, que su posición se haya radicalizado porque ningún causante de aquel desaguisado ha pagado políticamente por lo que hizo. El ayuntamiento tiene en sus manos una patata caliente.
