José Bono quiso llamar la atención en su sexta investidura como presidente de Castilla-La Mancha y propuso que las futuras seis autovías que proyecta su Junta autonómica sean de pago para quienes no residan en esa comunidad, incluyendo ahí a los españoles que no son castellano-manchegos. Aunque la idea copie lo que se hace en algunos cantones suizos, resulta insólito para España que se plantee hacer pagar a los "de fuera" y librar del peaje a los "de casa". ¡Qué se habría llegado a decir si eso se hubiese planteado desde Cataluña o Euskadi!

En esas comunidades los peajes sólo rigen en las autopistas construidas y mantenidas por concesionarias privadas y no distinguen entre usuarios. Bono es poco serio cuando presenta como agravio comparativo que sus conciudadanos paguen en esas autopistas cuando viajan a Madrid o Valencia. En todo caso, en esta materia el principal agravio existente es el que sufren otros ciudadanos que han de pagar peajes en vías rápidas para salir o entrar sólo a su capital. El presidente manchego también debería sopesar los problemas y la tensión que crearía si, en reciprocidad a su vía recaudatoria, luego eso mismo se aplicase en todo el Estado, perjudicando entonces a los propios castellano-manchegos.