WEw n el marco de una política global de acentuar el castigo de los malos comportamientos en materia de seguridad viaria en España, el pasado jueves, 1 de mayo, entró en vigor la reforma del Código Penal que castiga incluso con penas de cárcel a quienes conducen vehículos de motor sin carnet. En la comunidad autónoma de Extremadura, el primer procesado por ir indocumentado al volante, un vecino de Mérida que iba acompañado de su mujer y uno de sus hijos cuando fue sorprendido, ha sido condenado a pagar una multa de 1.200 euros y a realizar 20 días trabajos para la comunidad.

La de los sin papeles al volante es una práctica extendida en España que tiene relación tanto con la vida rural como con los usos de ciertos colectivos sociales, marginales o no, que desprecian los costosos controles de la maquinaria estatal. Un elemental principio de convivencia indica que la sociedad debe dotarse de ciertos mecanismos administrativos para evitar que en asuntos como la conducción de vehículos impere la ley de la selva. El carnet de conducir es, en este sentido, un requisito mínimo que acredita que todo aquel que se sienta al volante reúne las capacidades imprescindibles.

El hecho de que desde el minuto uno de la entrada en vigor de la norma se hayan efectuado controles y detenciones responde a un intento disuasorio. Lo que los responsables de la Dirección General de Tráfico persiguen es que quienes conducen sin carnet le vean cuanto antes las orejas al lobo y se decidan a obtener el permiso. Porque de lo contrario, un goteo de nuevas causas penales podría llevar al temido colapso de los juzgados. No se trata de entonar un todos a la cárcel, sino de crear nuevos hábitos en esos colectivos esquivos con las normas. De momento, ya se han resuelto algunos juicios rápidos que, para quienes se acogen a la reducción de penas, se saldaron con multas de 720 euros y 20 días de trabajos en favor de la comunidad.

El acoso a los conductores sin carnet es una medida de justicia porque extiende el elemental principio de la igualdad de todos ante la ley. Otra cosa es hasta dónde debe llegar la política de mano dura. Hace años que en España, como en otros países europeos, se tiende hacia la tolerancia cero con las infracciones de tráfico, hasta el punto de que muchos ciudadanos se sienten agobiados por la presión del Estado en este terreno. Pero debemos reconocer que las frías estadísticas demuestran que tanto el número de accidentes como el de víctimas se han reducido de forma notable en los últimos años. Por ejemplo, los muertos en carretera en el mes de abril (164) fueron un 23% menos que los del año pasado (215). Estamos, por tanto, en la buena senda, siempre que no se rompa el consenso social.