Arquitecto y profesor de Urbanística
El inicio de la explotación comercial del AVE Madrid-Lleida sigue demorándose y la opinión pública asiste perpleja a las explicaciones y silencios de Fomento que, a cuentagotas, va desvelándonos la trastienda de un complejo sistema de responsabilidades diferidas.
Es evidente la complejidad de procesos técnicos de una obra de esa magnitud y es razonable imaginar que la Administración fijase en los contratos de adjudicación a las empresas cláusulas de penalización por incumplir los plazos programados. Pero no parece que se tomen demasiado en serio. ¿Por qué, tratándose de una obra que afecta al interés general? Si el AVE debe llegar a los Pirineos, la pérdida del horizonte temporal extiende la sospecha de una deriva de dimensiones desconocidas.
