El domingo fueron detenidos siete jóvenes acusados de violar a una niña discapacitada de 13 años en Isla Cristina (Huelva). La semana pasada, seis jóvenes, cinco de ellos menores, fueron detenidos por la violación en Baena (Córdoba) de otra niña de 13 años. Estos dos brutales sucesos han reabierto el siempre latente debate sobre si la ley del menor es suficiente para castigar los delitos cometidos por los delincuentes juveniles. Dos de los detenidos en el primer caso y alguno en el segundo no podrán ser imputados porque tienen 13 años y la responsabilidad penal en España está fijada en los 14, con condiciones especiales -internamiento en centros de menores en los casos de delitos graves- hasta la verdadera mayoría de edad penal, señalada a los 18 años. La ley del menor prima la reinserción, por lo que no impone penas, sino medidas orientadas a la reeducación.

Amparándose en la conmoción y en el dolor de las víctimas y de sus familias, el PP anunció ayer que propondrá una reforma de la ley del menor, aprobada el año 2000, para rebajar la edad de responsabilidad penal a menos de 14 años y endurecer las penas. Legislar a golpe de emociones siempre es malo. El sistema educativo y la responsabilidad de las familias son los terrenos que hay que abonar para evitar que proliferen este tipo de sucesos.