Exministro de Trabajo y escritor

Los gobiernos de media Europa están planteando reformas en sus sistemas de pensiones, lo que ocasiona los consiguientes debates públicos y conflictos sociales. Alemania, Italia y Francia viven en estos días la dinámica previa a la aprobación de las reformas. No entraremos a desentrañar cada una de ellas. Pero sí analizaremos abstrayéndonos un poco de cada caso concreto, el por qué aparece de forma simultánea en varios países europeos la necesidad de reformar --esto es, de reducir-- uno de los pilares básicos del Estado de bienestar como es el de las pensiones.

Cualquier observador diría: se tienen que reducir las pensiones porque salen demasiado caras para los presupuestos públicos y sin reforma no serían sostenibles para el futuro. Deberíamos entonces preguntarle: ¿Y por qué ahora son insostenibles y hace unos años no? Dos serían las respuestas que oiríamos. Una: debido al envejecimiento de la población se empeora la relación beneficiario/cotizante. Dos: la globalización nos exige disminuir los costes sociales que merman nuestra competitividad.

El primero de los planteamientos es rigurosamente cierto, aunque matizado: el envejecimiento es una tendencia lenta, no súbita, y la incorporación al mercado de trabajo europeo de asalariados inmigrantes ha mejorado algo esa relación. Dado que Europa conoció un importante baby boom desde el inicio de los años 50, es normal que tengan la necesidad de ir previendo el seguro desequilibrio que no logrará ser paliado por la mano de obra inmigrante.

Otro asunto muy distinto son las razones que esgrimen a la globalización como paño de todas las culpas. Los gobiernos hablan de reducir las pensiones de los pensionistas futuros, pero no quieren ni oír hablar de bajar las cotizaciones de las empresas. Puede que garanticen menos gasto público de los estados, pero esas reformas no otorgarán más competitividad a sus empresas.

Es cierto que algunos países europeos deben reformar sus sistemas de pensiones, mucho más generosos que los españoles, sobre todo con algunos colectivos privilegiados. Pero, una vez reconocida esa realidad, resulta curioso que el deseo de reducir el gasto social se exprese en los mismos tiempos en que todos los países hablan de recortar impuestos. En el fondo se buscan presupuestos equilibrados bajando tanto los ingresos fiscales como los gastos sociales.

¿Y en España? ¿Cómo estamos? Pues sensiblemente mejor que nuestros vecinos europeos. Nuestro sistema público de pensiones goza en estos momentos de una envidiable estabilidad, que genera, incluso, un significativo superávit. El sistema de la Seguridad Social español nació con posterioridad a los europeos y su media de prestación es inferior al de nuestros vecinos. Todo ello, unido a la buena racha que atraviesa el empleo, hace que nuestras cuentas estén saneadas. El que se haya renovado recientemente el Pacto de Toledo, nos mueve a la confianza de que nuestro sistema continuará adaptándose progresivamente y sin grandes sobresaltos.

Se acaba de presentar en las Cortes el proyecto de presupuesto para el 2004, que presenta déficit en las cuentas del Estado, y superávit en los de la Seguridad Social. El Gobierno insiste en su idea de rebajar los impuestos directos, y los convencidos de los equilibrios presupuestarios nos preguntamos: ¿Y por qué no se bajan mejor las cotizaciones sociales --un impuesto que penaliza al empleo-- que reducir los impuestos que cargan el beneficio o la renta personal? Esa distribución sería más justa, y se ajustaría más proporcionadamente a nuestra realidad presupuestaria.

Porque una cosa es el gasto social, y otra el déficit cero. La oposición denuncia que un presupuesto equilibrado equivale a un reducido gasto social. Sin embargo esa relación no es siempre así de directa. Algunos de los países con mayor gasto social, como Dinamarca o Suecia, no sólo tienen sus cuentas equilibradas, sino que gozan incluso de superávits. Por el contrario, la Administración de Bush ha arrastrado un abultado déficit, que no guarda relación alguna con el gasto social, y sí con el militar.

Así que una cosa es el gasto social y otra los déficits. Hay déficits siempre que los gastos son superiores a los ingresos. Véase, por tanto, cuánto se ingresa y cómo se gasta antes de hacer las cuentas del Gran Capitán. Se pueden mantener niveles razonables de gasto social sin necesidad de recurrir en déficits. La clave está en la evolución de los ingresos públicos, esto es, de la recaudación fiscal. Pero, de eso, parece que a nadie le interesa hablar en estos tiempos de elecciones.