La ‘rebelión de los mayores’ está en pleno apogeo para conseguir que sus pensiones no pierdan poder adquisitivo y que su futuro esté garantizado.

Al margen de que determinados partidos políticos y sindicatos estén ejerciendo de pescadores a río revuelto y estén prometiendo lo que no supieron, no pudieron o no quisieron hacer cuando tuvieron posibilidades, lo cierto es que no aportan ninguna solución viable para garantizar el futuro de las pensiones.

No creo que sea descubrir de nuevo América si se ponen en el tapete unas cuantas soluciones para conseguir este objetivo, que pasan tanto por aumentar los ingresos, generando nuevos y mejores empleos que implique más y mayores cotizaciones, como por reducir gastos que permitan dedicar más recursos a dar una respuesta positiva a las demandas de los mayores.

A juicio de muchos españolitos, a día de hoy supondría un notable ahorro suprimir el Senado y las diputaciones provinciales, reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos (cuando no suprimir las propias autonomías) y de concejales, eliminar los asesores de los cargos políticos, que para asesorar ya están los funcionarios técnicos, suprimir las muchas prebendas de los políticos que queden y que sus derechos pasivos se establezcan en pie de igualdad con el resto de los contribuyentes, dejar en la mitad, o menos, el número de liberados sindicales en empresas y administraciones, sopesar cuidadosamente las subvenciones a oenegés, asociaciones y actividades que deben generar sus propios recursos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes y, por supuesto, suprimir la financiación de sindicatos y partidos que deben ser sostenidos por los afiliados.

Es posible que cada una de estas soluciones por sí sola sea como «el chocolate del loro»; pero todas juntas sí que supondrían cantidades de relevancia como para garantizar las pensiones sin afectar a prestaciones sociales básicas como sanidad o enseñanza.

Lamentablemente los muchos, muchísimos políticos españoles no están por la labor en este sentido, por el contrario algunos de ellos están proponiendo con una desfachatez rayana en el despropósito que se reforme la Constitución para garantizar la financiación de los partidos, que en el período 2014-2017 se han embolsado ciento ochenta millones de euros, no vaya a ser que a alguien se le ocurra decir que ya está bien de semejante latrocinio.

Pero también somos muchos, muchísimos los españolitos que estamos seguros de que estas soluciones no se van a aplicar por la sencilla razón de que tenemos la desgracia de que son los zorros quienes están guardando las gallinas.

* Grupo de opinión ciudadana en Cáceres