Más del 60% de los pensionistas de nuestro querido país no supera los 700 € mensuales de ingresos (autónomos incluidos). No son otra cosa que «pobres pensionistas» que malviven después de muchos años de sudor de sol a sol.

Cada año que empieza, de nuevo y una vez más, engañados con una mísera subida muy por debajo de la del IPC que los hace perder poder adquisitivo, el poco poder adquisitivo que tienen, obviamente.

Un escritor de reconocida capacidad de análisis sobre cualquier situación actual dijo en una ocasión: «En España todo el mundo se pregunta qué va a pasar; y casi nadie se hace la pregunta de qué vamos a hacer». En el caso de los pensionistas al principio citados y en atención a la desfachatez de los hechos, lo deberíamos tener claro --yo, que lo soy, sí lo tengo-- y ya, sin más dilación, recurrir a la lucha; por ejemplo, a la «insumisión fiscal», por muy fuerte que las dos palabras parezcan.

Y aunque Quevedo dijera: «La mejor señal de ser bueno es ni temer ni deber, y la mayor de la maldad es ni temer ni pagar», y eso sea muy acertado, por una vez le deberíamos llevar la contraria forzados por las truhanerías de los gobernantes (evidentemente, excluidos esos dos o tres millones que tienen una pensión más que decente; en casos, incluso sin haber hecho mérito alguno que no sea haber politiqueado durante un pequeño periodo de tiempo inferior a diez años).

Claramente, no hay derecho a que nuestras pensiones (reitero, no todas) sean ridículas comparadas con las del resto de países de la UE de nuestro entorno (dicho sea de paso, las de los extremeños, más que ridículas, indignantes). Y si encima hay dudas sobre si las podremos cobrar los próximos años, pues: ¡el acabóse!

Por tanto, lo que teníamos que hacer es «irnos», o lo que es lo mismo en este caso, declararnos insumisos fiscales sin más ni más: ¡luchar! Los dineros debajo del baldosín, suponiendo que se tenga alguno, algo bastante difícil (los bancos, con lo que les presta el Gobierno salido de nuestros impuestos, y a pagar tarde mal y nunca, no necesitan de nosotros en absoluto) y los bienes inmobiliarios (el que tenga alguno sin hipotecar, cosa más que rara) cedidos en usufructo y punto final. De la ya dicha mísera pensión, aunque quieran, nada nos pueden embargar, porque (que hablen los juristas) sólo se puede embargar de ella una cantidad (creo que es el 30% de lo que supere el SMI), que en el caso del 60% es, irrecusablemente: cero patatero.