Veintiocho días han tenido que pasar para conseguir la respuesta a una pregunta clave para adjudicar responsabilidades en la crisis del Prestige: quién cometió el posible error de enviar el petrolero mar adentro, en lugar de darle refugio en puerto. La actitud refractaria a la autocrítica y a la transparencia mantenida por el Gobierno hasta que ha sido inevitable replantearla ha impedido una explicación puntual. Al fin se ha sabido que el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, tomó la decisión el 14 de noviembre con el único asesoramiento de cinco altos cargos del mismo departamento. Y sólo el día 19, en que se hundía el barco, consultó a 17 expertos independientes, a quienes se ha querido trasladar la responsabilidad. En España, a diferencia de Francia y Portugal, las opiniones e informaciones científicas han sido despreciadas por la Administración. Quien ha trasladado información incompleta y ha tenido que corregirla ha sido el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero una cosa es quién da la cara y experimentará por ello un desgaste (o un premio) en su imagen pública, y otra, quién es el responsable de unos errores --Cascos-- por los que debería asumir, y pronto, responsabilidades políticas.
