Como sucedió al darse a conocer la presunta trama de irregularidades urbanísticas, la militancia política de los citados por el tribunal hace que la sombra de la sospecha se cierna sobre todos los grandes partidos; no se salva ninguno. Se trata de un fenómeno transversal que, de forma injusta y como ocurre habitualmente en estos casos, pone en la picota a los profesionales de la política y alimenta la idea, por demás simple y reaccionaria, de que todos son iguales.

Desde luego, una de las tristes originalidades del caso Pretoria es que ha saltado las fronteras de los partidos --PSC, CiU y PP-- y ha contaminado a varios por igual. Pero no es menos resaltable que, en términos generales, todos ellos han reaccionado con prontitud y sin oportunismos. Si, además, los partidos renuncian a intercambiar acusaciones o a explotar el filón del "y tú más", es posible que se rehabilite antes su imagen ante un electorado estupefacto.

Por lo demás, aunque persiste un cierto grado de confusión en las citaciones de Garzón y se mantiene la inconcreción en cuanto al tenor real de las acusaciones (el exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (del PP) y el exedil de Urbanismo Antoni Jiménez (del PSC) quedaron en libertad, mientras que el exgerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas, también fue puesto en libertad, pero con cargos) no se puede negar al magistrado la voluntad de andar deprisa. La diligencia ha de ser siempre una cualidad de la justicia, pero la discreción, también, y el nuevo episodio de seguimiento de las personas citadas a declarar por la Audiencia Nacional está lejos de respetarla. Como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha hecho bien en recordar, las connotaciones asociadas al término imputado han dado pie a equívocos que dañan la imagen de los requeridos ante el juez en su condición de tales. Porque se les somete poco menos que a un juicio público paralelo, mientras que la presunción de inocencia queda a beneficio de inventario ante la opinión pública.

Incluso en el caso de aquellos cargos públicos que han sido suspendidos de militancia por los partidos y han dimitido de sus funciones, la condición de imputado no debe inducir a prejuicios. La propuesta de Caamaño de cambiar la palabra para dejar de utilizar el término imputado puede ser un primer paso, pero desde luego no es la única medida que debe tomarse para corregir la tendencia al espectáculo a la puerta de los juzgados.