La Consejería de Educación está dispuesta a poner pies en pared para hacer frente a la picaresca existente --cuando no algo peor-- por parte de familias de la región dispuestas a saltarse las normas a la torera para que sus hijos logren entrar en el colegio que más les conviene. El año pasado se detectaron decenas de casos de documentación falsa presentada por padres para hacerse con una plaza escolar de forma fraudulenta y que acabó con la vuelta a baremar las peticiones presentadas y con la consiguiente redistribución de las plazas. El caso de la ciudad de Badajoz, en la que por presiones de padres perjudicados se tuvo que anular una primera adjudicación que afectaba a 241 escolares de seis centros es el más claro, aunque no el único, de este problema.
Que existe fraude es innegable (los detectives privados que, por encargo de algunas familias, se han ocupado de comprobar los datos presentados por otras afirman que alcanza al 60% de las peticiones). Que no es un asunto menor la adjudicación de un colegio u otro, puesto que obtener o no una determinada plaza escolar puede suponer tranquilidad o trastornos a una familia, también es innegable. Y la falta de medios con que cuenta la Administración para averiguar que los datos sobre los que barema son verdaderos, es paladina. Se impone, por tanto, mayor control. A partir de ahora, si las comisiones encargadas de baremar detectan documentación falsa adscribirán de oficio al niño relacionado con esa documentación al colegio que esas comisiones elijan. Ojalá y sea suficiente ´castigo´ para acabar con esta picaresca, pero es de temer que no será suficiente.
