WEwl presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Javier Corominas , ha manifestado que, en estos momentos y si no se levanta la protección ambiental que pesa sobre la zona en que se encuentra al norte de Mejostilla Espadero, a las afueras de Cáceres, no se podrán construir las casi 4.000 viviendas que se habían proyectado, 2.400 de las cuales correspondían al Proyecto de Interés General (PIR), del Plan 60.000 de la Junta. Ese plan fue presentado a bombo y platillo --es recordable la puesta en escena, con teatros llenos-- el pasado octubre por la anterior responsable de Vivienda, y levantó tantas expectativas que de inmediato hubo más de 4.000 solicitantes. Se sacaron fotos en la finca donde se habían de levantar las viviendas; hubo planos y promesas de que las obras empezarían antes de un año, porque la Junta había hecho de su política de vivienda una de las estrellas de la legislatura, y del Plan 60.000 , la joya de esa política... Ahora, ese proyecto está en el aire y su futuro es realmente incierto, porque aunque se pregone que hay voluntad de llevarlo adelante también se reconocen las dificultades y que, en última instancia, la decisión no se puede tomar en Mérida. En este sentido, es de notar que la protección ambiental que afecta a esos terrenos, y que se llama Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), es competencia de la Unión Europea, de tal manera que si el Gobierno autónomo, como ha dicho Corominas, va a hacer llegar a Bruselas un nuevo mapa de zonas ZEPA en el que ya no estaría incluida la que afecta a Mejostilla Espadero, la decisión última corresponderá a las autoridades comunitarias. Y la tomarán según el calendario de Bruselas, no según la urgencia extremeña. Urgencia que, por otro lado, no ha parecido existir, porque hasta ahora, y a pesar de los once meses transcurridos desde que se anunció la actuación en esta finca, el Gobierno autónomo no ha sacado a la luz ese nuevo mapa de zonas ZEPA que someter al criterio comunitario y que también afectaría a otras zonas próximas a Cáceres incluidas en el futuro PGOU.
¿Qué ha hecho la Junta durante este tiempo? ¿Por qué no ha tenido en cuenta que esa finca no podía albergar las viviendas a las que se comprometió? ¿Por qué, si lo tuvo en cuenta y ha confiado en que la Unión Europea levantara esa protección no ha hecho todavía nada para hacer llegar al Ejecutivo comunitario los informes pertinentes para que levante la protección? ¿Por qué se ha venido manteniendo desde octubre que las obras podían iniciarse durante el verano? Son preguntas que deberían contestarse desde la Junta. Hasta ahora, el único que ha hablado, precisamente para informar del asunto, ha sido el presidente de la Agencia, seguramente la persona que menos responsabilidad ha tenido en este desaguisado, porque cuando él se hizo cargo del organismo la decisión sobre el Plan 60.000 de Cáceres ya estaba tomada. Pero la dimensión del fiasco obliga a dar explicaciones, en primer lugar a los 4.000 solicitantes de viviendas, que un día confiaron en lo que les contaba la Junta.
